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Opinión



Pacificación nacional: entre la prisa y la ocurrencia

Miércoles, Julio 25, 2018 - 08:41
 
 
   

¿Hay ausencia de experiencia política del equipo de AMLO para comunicar mejor esas propuestas?

Los anuncios de una política de pacificación nacional hechos por integrantes del nuevo gobierno han sido recibidos con suspicacia, y comienzan a ser exhibidos en la comentocracia como un caótico desfile de buenas intenciones y “una receta a la mexicana” en la que abundan la improvisación, las ocurrencias y las contradicciones, en lugar del rigor conceptual y la claridad en asuntos de indudable y profunda trascendencia nacional.

¿Hay ausencia de experiencia política del equipo de AMLO para comunicar mejor esas propuestas? Es probable, pero los llamados “errores de comunicación” son consecuencia   de la confusión e inconsistencia conceptual con la que se superponen, confunden y manejan los fines y los medios de lo que hasta ahora proponen.

Una justicia transicional integrada por leyes de amnistía, comisiones de la verdad y hasta la mediación del propio Estado para sentar a la mesa a grupos criminales no debe sustituir a la justicia formal. Debe recibir tratamiento de política pública y ajustarse al conocimiento de principios y prácticas exitosas. Nada puede sustituir un delicado proceso de planeación y ejecución de los componentes.

Justo lo contrario parece suceder a la propuesta de López Obrador: contradicción e improvisaciones. Entre otras, la muy paradójica y anecdótica de un gobierno que declara --peccata minuta-- ser juarista e invita a la Iglesia Católica y al Papa Francisco a participar en ese proceso.

La primera obligación de un Estado democrático es proporcionar seguridad pública y justicia a la sociedad. Nuestro país tiene en esta materia una hiperconcentración de corporaciones policiacas disfuncionales, que acumulan ineptitud, corrupción y preocupante complicidad con el narcotráfico. ¿Ya está debidamente integrado el diagnóstico de este grave fenómeno? No lo parece.

La participación de las fuerzas armadas sin una estructura constitucional y legal que promueva la coordinación, organización, y control de los espacios con los tres niveles de gobierno agrega un poderoso elemento de incerteza que a nadie conviene, salvo al empeoramiento del cuadro descrito.

Aunque la seguridad y la justicia son un binomio inseparable que arranca de la propia Constitución, la delincuencia opera con gran impunidad en todas las grandes ciudades y controla vastas regiones y pequeñas poblaciones. EL UNIVERSAL, nos describe cómo alrededor de 50 mil  guerrerenses se dedican hoy entre agrestes cañadas al cultivo de la amapola, bajo la única ley que allí impera, la de la delincuencia: marginados y sin justicia alguna, son víctimas sociales pero también modestos eslabones de una cadena de narcotráfico, que siembra la semilla del gran negocio del narcotráfico y su violencia asociada.

Enfrentar la violencia de la delincuencia y del narcotráfico mediante un proceso por la paz y la  reconciliación, como AMLO propone exige de entrada revisión de la historia, profundo apego al Derecho, conocimiento de los límites de otras experiencias nacionales de pacificación, comprensión de la administración pública, de la organización y funcionamiento de las instituciones y corporaciones de seguridad, sagacidad, capacidad legislativa, comunicación suficiente  y una ingente mesura y cuidado para construir propuestas consistentes, sin  tropezar con las ocurrencias y la improvisación.

La reiterada mediación con grupos criminales (forma de justicia alternativa, hoy tan de moda) está resultando un producto más  de “la ansiedad”, (como dijo algún futuro funcionario de AMLO) que la consecuencia de un análisis riguroso y serio.

Durante sus respectivos juicios, el Chapo Guzmán, Don Neto, Caro Quintero y otros grandes capos promotores de violencia declararon ser “agricultores”. En un proceso de mediación del Estado con grupos delincuenciales que forman y defienden a sangre y fuego cadenas de producción y comercio de enervantes, no todos son campesinos cultivadores social y económicamente marginados, por más que así lo declaren.

En otro orden de ideas, se ha hablado de la Guardia Nacional de una manera confusa, producto de una mescolanza de fuerzas armadas y policías. Las leyes de seguridad pública, de seguridad interior, de seguridad nacional, no se orientan plenamente a la seguridad ciudadana y a los derechos humanos. Focalizan otros ámbitos de la seguridad, como la integridad del Estado y sus  instituciones, pero dejan al ciudadano en un muy lejano segundo plano, a veces por completo olvidado. Ese error debería enmendarse.

Por lo que hace a la formación de comisiones de la verdad, de dilatada experiencia latinoamericana desde las primeras instaladas en Argentina en 1983, constituyen organismos oficiales de vigencia limitada. Vienen a complementar a la justicia penal, pero requieren un andamiaje muy cuidadoso que debe ser dejado en manos expertas.

Según voceros de AMLO, en dichas comisiones estarán incluidas, las iglesias, (una vez más), y las  organizaciones de derechos humanos. Estas comisiones tendrán que estar muy sólidamente conformadas y soportadas legal y financieramente o su fracaso estará asegurado. Basten dos ejemplos: la comisión de la verdad que se instaló en Sudáfrica tuvo que procesar 22 mil testimonios y, en el ámbito latinoamericano, la peruana, entrevistó, procesó y corroboró lo declarado por 17 mil víctimas y sobrevivientes como fuentes primarias de información. ¿Cómo se va a proceder cuando en México deberá investigarse la suerte de más de 150 mil desaparecidos?

Al parecer, el equipo de AMLO no ha reparado en que todas las leyes de amnistía emitidas en procesos similares al mexicano (que tiene rasgos singulares porque buena parte de las desapariciones son atribuibles a la delincuencia organizada) han sido oficialmente calificadas como vulneratorias de los derechos humanos por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos especialistas, las han llamado incluso “leyes de impunidad”, pues son rechazadas por las víctimas y sus familiares, quienes reclaman justicia y no olvido.

La pacificación nacional exige estudio, cautela, claridad jurídica y propositiva, pero no debe ser tema interminable. Esforzarse en cumplir con los mandatos constitucionales antes de declararse derrotados al optar por otras fórmulas que no aseguran la paz social, podría ser un mejor comienzo. A la sociedad no le conviene despertar con un nuevo fracaso en seguridad, justicia y derechos humanos, ni que lamentablemente se haga realidad la dantesca cita: “El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Notario público. Ex procurador general de la República


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