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Opinión



Ayotzinapa: cinco años de pugnas políticas

Martes, Septiembre 24, 2019 - 13:26
 
 
   

Un juez federal ordenó dar libertad “inmediata y absoluta” a señalados por caso Ayotzinapa

            Un juez federal, protagónico o por consigna, ordenó dar libertad “inmediata y absoluta” al núcleo central de acusados por la matanza de jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Algunos de los liberados habían confesado su participación en los asesinatos o fueron identificados por sobrevivientes de esa virtual cacería. En su prisa, el juez soslayó una jurisprudencia emitida en junio anterior, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le imponía una directriz totalmente opuesta a su decisión.

En otro frente de este drama, Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República, conserva entre sus colaboradores una incómoda herencia del pasado oscuro: Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, quien ostenta ese puesto desde enero de 2018 y cuya tarea era defender el caso Ayotzinapa ante el Poder Judicial. No lo hizo porque no supo, no quiso o no lo dejaron.

Ochoa Romero brincó al puesto desde una modesta coordinación en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde desempeñaba tareas más bien académicas y de asesoría. En octubre de 2017 se había hecho cargo de la Procuraduría Alberto Elías Beltrán. Ambos fueron considerados hombres de paja de un grupo político que encabezó Humberto Castillejos Cervantes, el poderoso consejero jurídico de la Presidencia.

Castillejos tuvo la destreza suficiente para mantener a otro de los suyos durante más de siete meses en el equipo de Gertz: Felipe Muñoz, subprocurador responsable de investigar delitos federales, quien tuvo el mismo cargo en la anterior PGR. El mérito central de Muñoz fue ser secretario particular del abogado penalista Marcos Castillejos, padre de don Humberto, por lo que casi forma parte de la familia. Sí lo eran, en cambio, Raúl Cervantes, el tercer procurador en la era Peña Nieto, y Alfredo Castillo Cervantes, el estrambótico “apagafuegos” durante la anterior administración.

En los hechos, desde la llegada de Alberto Elías Beltrán la Procuraduría fue considerada como un feudo personal de Castillejos y su familia, en la acepción italiana de la palabra. Convidó, sí, a otro afín al grupo mexiquense, Alberto Bazbaz, que tuvo bajo su mando la Unidad de Inteligencia Financiera y luego el Cisen. En torno a los tres se creó la leyenda del “Los Betos”, que aun ahora inspiran temor.  

A Humberto Castillejos se le atribuye la imposición de Tomás Zerón como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, pese a la resistencia del entonces titular, Jesús Murillo. A Zerón y Murillo les estalló la crisis de Ayotzinapa. La confrontación de Zerón con su jefe se repitió con la nueva titular, Arely Gómez, que en privado identificaba a Castillejos como causante de sus pesadillas. Por causas desconocidas, eventualmente Zerón rompió con Castillejos, y eso lo sacó de la PGR.

Hoy se le atribuye a Castillejos haber alineado desde el pasado gobierno los resortes del poder bajo sus manos para cobrar afrentas. Y al parecer no pudo concebir mejor revancha que envenenar la investigación emblemática del sexenio, la tragedia de Ayotzinapa. Y culpar a Zerón, a Murillo y quizá a Arely Gómez del desastre.

Hace una semanas, cuando confirmó que Samuel Ventura, el cuestionado juez primero de distrito en Tamaulipas, había dispuesto la libertad de decenas de implicados en el caso Ayotzinapa gracias a las indagatorias iniciales de la procuraduría de Guerrero y luego de la PGR, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declaró que ello muestra “la miseria y la podredumbre” del Poder Judicial. “Huele a podrido”, sentenció. Pero el mismo hedor parece desprenderse de tramos sensibles de una herencia de la que el actual gobierno no acaba de deslindarse.

La herida por la masacre iniciada la noche del 26 de septiembre de 2014  en Iguala, hace ya un lustro, permanecerá por décadas entre nosotros. Incompetentes como país para encontrar justicia para las víctimas y sus familias, resulta obligado que la sociedad construya su memoria con la certeza de que logró conocer lo ocurrido realmente, no sólo el lodo que un bando y otro se arrojaron. (rockroberto@gmail.com).  

 

----------------- Jurisprudencia sobre liberación de inculpados.    https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2020114&Clase=DetalleTesisBL

 


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