Xalapa, Ver.- (AVC) En los campos mexicanos se utilizan al menos 31 productos químicos como plaguicidas con efectos cancerígenos, y 30 con ingredientes perturbadores del sistema hormonal, algunos incluso prohibidos a  nivel internacional, alertó Fernando Bejarano, de la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México.

Afirmó que el país tiene un gran rezago en el control de plaguicidas producidos en laboratorios a escala industrial que son un gran negocio dominado por unas cuantas empresas trasnacionales, pero que representan amenazas a la salud y al medio ambiente.

Consideró que la política macroeconómica genera el espacio de expansión necesario para estas empresas, lo que hace pensar que sin agrotóxicos no se pueden producir alimentos.

Alertó que incluso los plaguicidas con banda roja, amarilla o azul, pueden tener efectos crónicos graves como cáncer, mutaciones, daños al sistema inmunológico, o alteraciones al sistema hormonal.

Ya hay estudios sobre daños crónicos por los plaguicidas en Sinaloa, Yucatán y Baja California, entre otras entidades, pero son estudios realizados a partir de la iniciativa de las universidades, pues se carece de una política real de investigación sistemática  de sus efectos en la salud humana y el medio ambiente, por parte de los estados.

Detalló que incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) invitó a los gobiernos a considerar la prohibición paulatina de herbicidas altamente peligrosos, como una medida para reducir los daños.

“Estamos hablando de que hay plaguicidas con efectos crónicos de los cuales no se sabe dónde ni cuánto se aplican, porque solamente lo sabe el productor, no es información pública, las empresas no tienen la obligación de declararlo, y los residuos pueden estar en los alimentos, es un riesgo a ciegas, la vigilancia se prioriza solo para los cultivos de exportación, y muchos de estos efectos no se verán a corto plazo sino a largo plazo”, explicó.

De visita en la Universidad Veracruzana, urgió a atender los llamados internacionales y elaborar una política pública de participación de consumidores, grupos y especialistas y convocar a organizaciones que están transitando hacia forma de control de plagas y enfermedades con menor riesgo.

Señaló que hay varias leyes y normas mexicanas que regulan el uso de estos productos tóxicos y agregó: “El problema es que el esquema regulatorio está basado en supuestos falsos, piensan que es posible liberar al medio ambiente una sustancia y establecer límites máximos de residuos, y algunos de estos productos son persistentes y bioacomulables, y no hay vigilancia sobre como son utilizados”.