Xalapa, Ver. El estado mexicano simula procuración de justicia en los casos de los asesinatos y agresiones a los periodistas, advierte el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La práctica de no agotar la línea de investigación relacionada con el oficio, estaría enviando un mensaje a las víctimas de una aparente procuración de justicia. Esta omisión impide llegar a los autores intelectuales, logrando únicamente sentencias de autores materiales”, señala el informe de la visita “in loco”, efectuada hacia finales del 2015.

La CIDH cita el caso de Veracruz como el más grave para el ejercicio periodístico, junto a Tamaulipas, Guerrera, Chihuahua y Oaxaca, donde ocurren casi seis de cada 10 asesinatos de periodistas.

“Veracruz, a donde la CIDH se trasladó, ha tenido el mayor número de asesinatos de periodistas en los últimos 5 años. De acuerdo con las cifras que maneja la CNDH, entre el 2005 y el 2015 habrían ocurrido 16 asesinatos y entre 2010 y 2013 se habrían dado cuatro casos de desaparición de periodistas”, cita el documento.

Agrega además que, según información proporcionada por la FEADLE, de los 40 casos en los que ha aplicado su facultad de atracción, 8 de ellos pertenecen a Veracruz, es decir, el 20 por ciento del total en todo el país.

Por su parte, la Relatoría Especial ha recibido información sobre 16 asesinatos de periodistas desde 2010. La Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas, indica, ha iniciado 69 procedimientos de protección, 22 de ellos en el 2015 y a septiembre de 2015, 46 expedientes de protección estarían vigentes.

“Durante el 2014 la Relatoría tomó conocimiento del asesinato de cinco periodistas y trabajadores de medios a los cuales les ha hecho seguimiento a través de las diferentes herramientas con que cuenta para ello. En el transcurso del 2015 la Relatoría ha documentado el asesinato de otros seis periodistas”.

La CIDH pone en contexto los casos de Moisés Sánchez Cerezo y Rubén Espinosa, a los que califica incluso como “cruentos asesinatos”, que han llamado seriamente la atención de la comunidad internacional y que representan “el silenciamiento de reporteros que cubrían casos de alto interés público en Veracruz, y evidencian los retos que afronta el sistema judicial del Estado mexicano para cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva la violencia contra los y las periodistas”.

El informe critica que en el caso de Sánchez Cerezo la FEADLE haya decidido no atraer el caso, pese “a tratarse de un periodista y de la existencia de indicios que su crimen se debió a razones relacionadas al periodismo”, aduciendo que era taxista y puesto que la FGE ya había asumido bajo su competencia la investigación.

“La Comisión, ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa, quien haciendo uso de diferentes argumentos interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación y que ello pueda terminar afectando el resultado de la misma, en especial en relación con vinculación de autores intelectuales”.

La CIDH hace referencia además al caso de Rubén Espinosa, quien buscó refugio en la Ciudad de México, tras recibir amenazas.

“En una entrevista emitida días antes de su asesinato, Espinosa expresó su temor de sufrir un atentado y relató el siguiente episodio ocurrido cuando cubría una manifestación de estudiantes: una persona de la Ayudantía del Gobierno del Estado de Veracruz se acercó y le advirtió: deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina".

El asesinato de Rubén, el primero de un refugiado en la Ciudad de México “envía un mensaje de inseguridad a numerosos periodistas quienes tras ser amenazados en las regiones, encontraban en el DF un lugar seguro”.

El informe cita también el caso de Nadia Vera Pérez, activista del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Xalapa, asesinada el mismo día que Rubén.

“Con estos dos casos recientes, la CIDH quiere ilustrar acerca de la gravedad de la ola de asesinatos que no cesa desde hace más de una década contra los y las periodistas de México, mientras en la mayoría de las investigaciones se mantiene la situación de denegación de justicia e impunidad”.

Ante ese panorama, la Comisión advierte que:

“La CIDH entiende y reconoce los esfuerzos del Estado mexicano por adecuar su marco normativo y sus instituciones para responder al reto que representa la impunidad, sin embargo las reformas resultan ineficaces cuando en la práctica y ante el clamor de justicia de las víctimas y de la sociedad en general no hay una respuesta y por el contrario las tasas de impunidad continúan en crecimiento en un contexto de constantes agresiones a la prensa, transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede a la prensa dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”.

La Comisión Interamericana pudo observar también que el mecanismo de protección de Veracruz (CEAPP) “afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico, en especial de aquellos periodistas que tienen una postura crítica o que desarrollan su labor en medios de comunicación alternativos y además debe garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo”.

Con relación a libertad de expresión, la Interamericana emitió seis recomendaciones al estado mexicano:

1.- Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión.

2.- Definir una metodología única para generar y publicar estadísticas detalladas y desagregadas sobre violencia contra periodistas e investigaciones de las agresiones así como sobre las medidas de protección adoptadas. Definir una autoridad estatal como encargada de capturar la información y publicar las estadísticas, e informar a los distintos actores sobre los desafíos que surjan en la aplicación de dicha metodología.

3.- Remover todos los obstáculos para que en la práctica la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, pueda atraer la investigación de los delitos cometido contra periodistas y contra la libertad de expresión. De esta forma hacer efectivo el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos de su competencia y garantizar que las violaciones más graves a la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía.

4.- Mantener el carácter de fiscalía especializada de la FEADLE y dotarla de recursos económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor.

5.- Adoptar protocolos especiales de investigación en virtud de los cuales se deba agotar completa y suficientemente la hipótesis de la relación del homicidio u agresión con el oficio periodístico. 66. Mejorar la relación existente entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal a fin de evitar que conflictos de competencia entorpezcan o retarden las investigaciones.

6.- Permitir que las víctimas, sus familias y cuando haya lugar sus coadyuvantes, puedan participar en los procesos penales con plenas garantías, tanto para la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos como al momento de exigir una reparación.