Fabiola Martínez

En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las fuerzas armadas, entre otros).

En segundo término están los “particulares” y los agresores “no identificados”, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Gobernación (SG), en el cual se detalla la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

De octubre de 2012 a febrero pasado, la Junta de Gobierno de este mecanismo, en el cual participan funcionarios y grupos civiles, había aceptado 299 de 369 solicitudes de comunicadores y activistas, después de comprobarse que se hallaban en situación de riesgo o eran blanco de ataques debido a su actividad.

En cuanto al tipo de agresiones, 12 beneficiarios del mecanismo sufrieron secuestro (siete periodistas y cinco defensores); 92 agresión física (aquí se cuenta a 60 periodistas), mientras el registro documentado de 236 amenazas, la mayoría recae en el gremio de comunicadores.

Por entidad, según donde radica la persona que requiere apoyo, sobresale, por número, la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero, con 61, 43 y 24 casos, respectivamente.

Respecto de los probables agresores, las cifras de la SG revelan la prevalencia de los servidores públicos como los principales agresores, al acumular 147 casos de 2012 a la fecha; siguen los “particulares”, con 121, y autores “no identificados”, con 115 casos.

Debido a la situación de riesgo para estos dos grupos, de 2012 a febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno la aplicación de medidas cautelares en 11 casos, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve medidas de este tipo.

Las cifras del mecanismo pueden variar debido a que también atiende las alertas emitidas por colectivos; bajo esa perspectiva la SG ha apoyado en total a 497 peticionarios.

Entre las medidas de protección “extraordinarias”, por su nivel de riesgo, destaca la canalización de protección personal (escolta) para 31 personas y a 78 se les dio un artefacto (botón de pánico) para reportar riesgos en el momento en que la amenaza o la agresión ocurre.

Igualmente, en 10 casos se brindó o se brinda seguridad de inmuebles; en una cifra igual se otorgó protección a bienes físicos y se dotó de equipo especial de telecomunicaciones. Hay además acciones de otro tipo como patrullajes, “gestiones”, difusión de directorios, manuales de autoprotección y apoyo para presentación de denuncias. En el ámbito “ordinario”, en todo el desarrollo del mecanismo se ha autorizado escolta para 97 personas y se han distribuido 475 botones de pánico.

Según los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SG, coordinadora del mecanismo, durante 2015 se recibió el mayor número de solicitudes de periodistas (desde el principio de este plan, en octubre de 2012), al registrarse 122 alertas. En el primer bimestre de 2016, fueron recibidas 16 peticiones, de las cuales se admitieron 11.

En cuanto a defensores de derechos humanos, el año pasado igualmente se recibió el mayor número (80), y durante enero y febrero pasados, ocho, de las cuales fueron admitidas seis.

En toda la historia del mecanismo, el momento más delicado ha sido el año pasado, en Veracruz. El mecanismo admitió 24 solicitudes de protección, mientras en 2013, en la Ciudad de México se recibieron 26.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/03/13/politica/003n1pol