Veracruz, Ver. Por una investigación del Órgano de Control Interno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la consejera Yolli García Álvarez fue suspendida de sus funciones de manera provisional a unos días de que concluya su cargo.

La investigación gira en torno a las presuntas omisiones en las que habría incurrido en su declaración patrimonial, pues se detectaron al menos cinco propiedades de la consejera que no incluyó en su reporte otorgado al Congreso del Estado.

Antes de eso, García Álvarez se negó a presentar el requerimiento para presentar la información ante el órgano del instituto, argumentando que había ya había otorgado la documentación al Congreso local.

Entre las propiedades que omitió en su declaración patrimonial se encuentran una casa y tres terrenos en la localidad La Orduña, en el municipio de Coatepec; así como una casa en el estado de Baja California Sur.

 

 

Como medida cautelar, el Órgano de Control Interno instruyó la suspensión temporal de la función pública, lo que no significa que la consejera sea culpable, sino se inicia el proceso de investigación por una presunta falta administrativa grave que está tipificada como enriquecimiento oculto.

En respuesta, García Álvarez tramitó un amparo en contra la suspensión temporal como servidora pública.

No obstante, su suspensión temporal fue notoria en el último acuerdo del pleno del IVAI para suspender plazos y términos, así como actividades por la emergencia de la pandemia del Coronavirus, en el que la consejera ya no formó parte de tal decisión.

La investigación

En una investigación del Órgano de Control Interno, se encontró presuntamente la consejera del IVAI adquirió una casa marcada con el número 7 de la calle Liquidámbar en Residencial La Orduña, en Coatepec, durante el 2019.

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También en Coatepec habría comprado los lotes 3 y 4 de la Manzana 8 de la calle Eucalipto esquina Fresno Parque San Andrés; y uno más en la Privada del Ajonjolí en Camino a La Orduña.

El órgano interno del IVA está obligado a desahogar las investigaciones para determinar si realmente existió alguna irregularidad por parte de la funcionaria, en caso de que así sea el procedimiento establece que el expediente deberá ser enviado, una vez que se concluya y se le dé derecho de audiencia a García Álvarez, a la Fiscalía Anticorrupción para que determine lo conducente, indicó una fuente del organismo.

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