Xalapa, Ver.- La elección del nuevo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información  y Datos Personales (IVAI) representa una disputa en Veracruz al interior de Morena, tres actores políticos del partido de izquierda, diputados y funcionarios locales, tiene interés en la nominación de algún candidato.

Los nombres de Liliana López, Naldy Patricia Rodríguez y José Guillermo Pérez Alarcón, aspirantes a comisionado han sonado en las últimas semanas por su vínculo con personajes como Zenyazen Roberto Escobar García, Eric Cisneros Burgos y el propio diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, presidente de la comisión de Transparencia y Acceso a la Información, grupo responsable del proceso de selección.

El interés legítimo de llegar al cargo en el IVAI se podría empañar por un conflicto de interés por su cercanía con personajes políticos, y la intención de cooptar el único órgano autónomo que aún no está bajo el control de Morena.

Desde el pasado 18 de marzo se inició el proceso de renovación del comisionado, ante la conclusión del periodo constitucional de Yollí García Álvarez, nombrada el 23 de marzo del 2014, por un periodo de seis años.

A pesar de la contingencia sanitaria por el coronavirus, se ha dado seguimiento puntual a los plazos legales para la elección y se tendrá que emitir un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Se mencionó que esta misma semana se votará el acuerdo.

Todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias participarán en la decisión, y la dirigencia del PAN criticó el oportunismo político de Morena por dar seguimiento a la nominación, en medio de la contingencia de salud.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez también podría intervenir en el proceso, tiene la atribución de objetar el nombramiento de la mayoría calificada del Congreso. El próximo Comisionado tendrá que recibir el voto de las dos terceras partes de los diputados locales.

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Los palomeados

De entre la lista de participantes destacan los nombres de tres aspirantes. José Guillermo Pérez Alarcón, es trabajador del Congreso local, se desempeña como asesor del diputado local Henri Christophe Gómez Sánchez, presidente de la comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local.

El diputado de Morena, quien fue víctima de la delincuencia en el mes de diciembre, pues sufrió un robo en una plaza comercial, podría incurrir en conflicto de interés a pesar del discurso de combate a la corrupción y transparentar el manejo de decisiones.

Según la nómina del Congreso local, Pérez Alarcón cobra 10 mil pesos como asesor legislativo, es trabajador de confianza y en diciembre obtuvo 23 mil pesos por concepto de aguinaldo.

Liliana López Coronado, es titular de la Unidad de Transparencia del Congreso local. Según la nómina de la Cámara ella gana 28 mil pesos mensuales, además, tiene derecho a estímulos económicos, por 12 mil pesos, entre otras prestaciones. Logró un aguinaldo de 127 mil pesos.

López Coronado, salió a medios el pasado viernes 20 de marzo, aclaró que a pesar de ser la esposa del titular de la SEV; Zenyazen Roberto Escobar, cuenta con los méritos para poder ocupar el cargo de comisionada.

En entrevista con los medios de comunicación confirmó que ese mismo día había solicitado licencia a su cargo, y durante su presentación ante diputados se hizo acompañar de algunos funcionarios de la Legislatura, entre ellos el responsable de Comunicación, Aldo Valerio Zamudio, operador del titular de la SEV.

“Cuando eres parte de familia, amigos, o de personas cercanas a la función pública, estás ante esta situación de críticas y demás.

Yo sí quisiera mencionar algo que es importante. Independientemente de ser la esposa, yo soy Liliana, soy licenciada en Derecho, cuento con una maestría en Derecho de amparo y tengo una trayectoria en la gestión pública”, declaró previo a su entrevista con diputados locales. 

La joven es abogada de profesión, y según los datos curriculares que son públicos en el portal de la legislatura y tiene un curso sobre Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales”, y participó en el taller: “Lineamientos para cumplimiento de obligaciones de transparencia”, IVAI.

La tercera candidata, ligada al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, es la actual titular de la Unidad de Transparencia de Segob, Naldy Patricia Lagunes, quien tiene maestría en periodismo y Maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Xalapa.

De los tres aspirantes es la que cuenta con el mejor perfil profesional, y es la segunda ocasión en la que participa en el proceso de selección de Comisionado. Incluso, como periodista, obligó al gobierno de Javier Duarte a transparentar el gasto en comunicación social, información que se había reservado por seis años.

Su cercanía con Cisneros Burgos podría representar una ventaja, si se toma en cuenta que la actual encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, se desempeñaba como directora jurídica de la propia SEGOB y ahora suple en el cargo a Jorge Winckler.

La historia

En mayo del 2016 la 64 Legislatura emitió la convocatoria para elegir a un nuevo comisionado tras la renuncia de Fernando Aguilera de Hombre, quien se integró al gabinete de Javier Duarte.

La emisión de las reglas para la designación impuso como requisito ser mayor de 35 años, por lo que Carlos Calles Alvarado, uno de los aspirantes, inició un juicio de amparo al sentir vulnerado su derecho a participar.

A pesar de que la comisión de Transparencia que presidía la entonces diputada, hoy titular del IPE;  Daniela Griego determinó hacer una excepción a ese requisito y fue entrevistado, no declinó en el juicio por el que se ordenó a la Cámara suspender el proceso de selección.

Fue hasta enero del 2018 que se nombró de manera provisional a Arturo Mariscal, quien en ese entonces se desempeñaba como asesor del diputado Rodrigo García Escalante, que se reeligió en la representación popular.

El legislador llegó a la representación por el Verde, en el transcurso de la legislatura se sumó al PAN, y fue cuando, a cambio de su voto, logró algunas prebendas, como imponer a su asesor como comisionado interino, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y más tarde fue ratificadopor 38 votos a favor.

Ahora Morena copia el modelo, y en medio de la contingencia sanitaria buscan nombrar a un nuevo comisionado pese a las críticas de la oposición y de los propios militantes del partido de izquierda, que reconocen el riesgo de cooptar al órgano autónomo.

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IVAI visita a Morena

En julio del 2019, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al Gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, transparentar todos los contratos relacionados con la adquisición de 160 patrullas.

A través de una resolución los comisionados, pidieron entregar el estudio de mercado y el contrato firmado para la adquisición de las unidades.

Lo anterior, luego de que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), intentó clasificar como reservada la información, ante la polémica que se generó por la compra y el sobrecosto de las unidades que adquirió Morena.

El IVAI resolvió lo anterior tras analizar en conjunto los recursos de queja que promovieron ocho solicitantes de información, en el que se requerían múltiples documentos relacionados con la compra y renta de las unidades.

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