Un juez federal selló la solicitud de amparo de la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien pidió ser restituida como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), cargo del que fue separada por el minipleno el 23 de octubre del 2020.


El juzgador consideró que en tanto la magistrada mantenga su empleo al interior del poder judicial, no es esencial que se haga cargo del trabajo administración y manejo del presupuesto del TSJE que es superior a los mil millones de pesos.


El Juez Décimo Octavo de Distrito dijo que causó agravio personal y directo su destitución, ya que únicamente se revocó la representación que le había entregado el Pleno del Tribunal, sin embargo, mantiene su empleo.

 

“Se considera que tales actos, no causan una afectación real y actual a la quejosa, porque si bien se revocó su representación como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, no se le destituyó del puesto de Magistrada de dicho Tribunal, por lo que es evidente que no le causa un agravio personal y directo”, expone el resolutivo.


Y se menciona que al continuar ostentando el cargo de Magistrada se tutela su garantía de estabilidad en el empleo, eso, luego de que Martínez Huerta solicitó revocar la convocatoria a sesión del 22 de octubre 2020, en la que se determinó removerla como Presidenta del TSJE.


Asimismo, pedía ser reinstalada con lo que se echa abajo el nombramiento de Isabel Inés Romero Cruz, quien fue designada como magistrada interina, sin embargo, su petición fue sobreseída.


En diciembre de 2019 el pleno del Congreso local otorgó el nombramiento a Sofía Martínez Huerta como magistrada por un periodo de diez años. En noviembre del 2020, el juez José Clemente Zorrilla solicitó juicio contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras ser removido del juzgado a su cargo.


El viernes 19 de marzo, con 35 votos a favor la mayoría de los diputados consideraron procedente el juicio político en su contra, que podría llevar a la revocación del nombramiento que se otorgó en 2019 e inhabilitarla hasta por cinco años.