En dos años, el gasto de México en sus fuerzas armadas ha aumentado un 20% pese a la política de austeridad republicana promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que se observa el recorte del financiamiento de la seguridad pública y del sistema de justicia en tres de los últimos cuatro años.

"Aunque el impacto económico de estas tres medidas de contención de la violencia aumentó en un 2.3% en 2020, el aumento provino del gasto de las fuerzas armadas en lugar de la seguridad pública o el sistema judicial", detalla el informe anual del Índice de Paz México (IPM) elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

El gasto del gobierno en servicios de protección ciudadana ha caído un 31.4% desde 2015, detalla el Instituto. 

El índice señala que el gasto en seguridad pública a través de la policía, los servicios de protección, los costos de custodia y encarcelamiento, la vigilancia y seguridad de las personas y los respectivos costos de administración alcanzaron su punto máximo en 2012, pero desde entonces ha disminuido un 32%. 

El egreso de presupuesto en justicia en 2020 fue de 109 mil millones de pesos, 1.5% menos que el año anterior, si bien el gasto en orden pu´blico y seguridad ha disminuido en los u´ltimos an~os, el desembolso en las fuerzas armadas ha superado a otras formas de gasto pu´blico.

Los mayores niveles de egresos, se apunta, coinciden con el mayor uso del eje´rcito para combatir los crímenes de la delincuencia organizada. A pesar de esto, el gasto de México en las fuerzas armadas equivale al 0.5% de su PIB, muy por debajo del promedio mundial. 

De manera similar, el gasto pu´blico mexicano en justicia y seguridad pu´blica esta´ muy por debajo de los niveles regional e internacional. Me´xico gasto´ el 0.73% de su PIB en el sistema judicial y la seguridad pu´blica en 2020, menos de la mitad del promedio de la OCDE. 

LAS CONSECUENCIAS DEL BAJO GASTO EN SEGURIDAD

México ha tenido dificultades para desarrollar la capacidad suficiente en su sistema judicial, en consecuencia, el sistema de justicia de México muestra la necesidad de incrementar el número de jueces y al aumentarlos la capacidad del sistema legal del país puede mejorar y llevar a reducciones en el hacinamiento en las cárceles y los encarcelados sin sentencia. 

México tiene en promedio 2.2 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, eso equivale a la mitad del número promedio de jueces en comparación con el resto de los países de América y ocho veces menos que el promedio mundial.

Al evaluar la eficiencia y eficacia del gasto pu´blico en los sectores de justicia y seguridad pu´blica, el informe concluye que el gasto ma´s alla´ de un nivel o´ptimo tiene el potencial de limitar el desarrollo económico de una nación. Sin embargo, la inversio´n insuficiente puede crear condiciones para niveles ma´s altos de impunidad, lo que a su vez reduce los elementos disuasivos del crimen y la violencia. 

"Los recursos pu´blicos limitados significan que un aumento en el gasto para contener la violencia debe financiarse mediante un aumento de los impuestos o la reasignación de fondos de otros sectores", apunta.