Durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acumula casos documentados de violaciones a derechos humanos y operativos con saldos de inocentes muertos, incluyendo el caso de 2 menores asesinados en un presunto fuego cruzado en Amatlán de los Reyes.

La dependencia, bajo el mando de Hugo Gutiérrez Maldonado, ha recibido en total 12 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde diciembre de 2018, por casos en los que se acreditan distintos excesos perpetrados por los elementos.

Este lunes el propio mandatario veracruzano reconoció que buscarán mejorar la actuación de la Fuerza Civil y en caso de ser necesario replegarán a los elementos durante tiroteos o enfrentamientos para evitar bajas de civiles.

Lo anterior luego de que Eduardo y Jonathan, dos adolescentes, murieron en un supuesto fuego cruzado durante entre policías y criminales. García Jiménez reconoció que ambos eran inocentes y estaban en el lugar supuestamente lavando autos cuando inició la confrontación.

“Nosotros de nuestra parte vamos a hacer una revisión de la actuación en estos casos, cuando hay una agresión en una zona urbana hay que afinar la actuación policial”, anunció el mandatario durante una conferencia de prensa en el municipio de Poza Rica.

Sin embargo, no es el único caso que ha mermado la imagen de la SSP en el actual gobierno. Apenas el 9 de enero de 2020, Berllarmino Cardeña Cortés y su nieta, María Magdalena, de 11 años, también murieron abatidos durante un operativo para detener a presuntos delincuentes en el poblado de Tepetzintla, en el municipio de Atzalan.

El gobierno comunicó inicialmente la muerte de un hombre y mujer en los hechos y que los elementos actuaron debido a que presuntos delincuentes se escondieron en el hogar de Cardeña Cortés, versión que fue rebatida por familiares y pobladores quienes acusaron que los efectivos dispararon después de que el hombre tomó su escopeta e intentó confrontarlos. 

De esta manera los elementos de la dependencia han actuado con posible uso de la fuerza y la CEDH documentado otros casos en los que habrían incurrido en violaciones a derechos humanos donde lo que más se cuenta es la vulneración a la libertad y la seguridad personal; también se ha acreditado tortura.

Durante lo que va del gobierno estatal la dependencia ha recibido un total de 50 recomendaciones, sin embargo, en total 38 exhortos del organismo corresponden a actos o abusos cometidos en administraciones pasadas. 

Pese a este historial de abusos, la SSP ha negado algunos fallos del organismo autónomo, lo que bloquea la posible reparación del daño de las víctimas y puede dejar sin castigo a los elementos involucrados en violentar garantías.

 

2021, SIGUEN LOS ABUSOS

En la primera mitad del año, la Secretaría acumula 7 de las 34 recomendaciones ya emitidas por la Comisión presidida por Namiko Matzumoto, quien fue ratificada en el cargo por el Congreso del Estado el 28 de enero para un segundo periodo que concluye el día 29 del primer mes de 2026.

La recomendación 01/2021 fue por una detención ilegal por elementos de la Fuerza Civil y actos de tortura de la Policía Vial en Coatzacoalcos.

En el expediente se narra que un taxista fue detenido en Nanchital y trasladado a Coatzacoalcos con abuso de poder, sin mediar una explicación del porqué de la detención, a la que se sumaron golpes e intimidaciones.

“Los elementos de la policía vial (6) me golpearon con los puños, me patearon, utilizaron una vara que se alarga como de fierro, aprovecharon que estaba tirado en el suelo; no me dijeron nada sólo me golpeaban.

“Me pararon, me despojaron de mis pertenencias (cartera que traía $10,000.00 diez mil pesos de una tanda que en la mañana me había entregado […]; mi celular Samsung, color azul, auriculares, cadena de plata con dije de la muerte; pulsera de plata, credencial IFE; Licencia de [T1]; Coppel, Banamex, Bancomer, Cinemex). Me esposaron las manos atrás (espalda) me sentaron en una silla y me vendaron los ojos”, narró la víctima.

La 02/2021 también se emitió contra la SSP por invasión de la intimidad derivada del incorrecto tratamiento de datos personales.

En la 04/2021, producto de una detención ilegal, daños a propiedad privada e inobservancia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Fuerza Civil en Poza Rica, se indica que dos adultos y un menor fueron detenidos al detentar, aparentemente un vehículo robado, señalamiento que no fue comprobado por los uniformados.

A esto se agrega que las personas fueron incomunicadas por algunas horas y el vehículo retirado, sin reparar que el menor se encontraba presente.

La recomendación 05/2021 se emitió por desaparición forzada perpetrada por parte de los elementos policiacos y un incorrecto tratamiento de la denuncia interpuesta ante la FGE; la 18/2021 por la injerencia arbitraria en un domicilio de Naranjos Amatlán por elementos de la Policía Estatal con la participación de Policías Municipales.

Asimismo, la 23/2021 por trato cruel e inhumano cometido en contra de una persona privada de la libertad.

Finalmente, se encuentra también acreditada en la recomendación 027/2021 un caso de afectaciones a la integridad personal cometidas por elementos de la Policía Estatal.

 

SSP SUMA 26 RECOMENDACIONES, EN 2020

Durante el 2020, la CEDH emitió 26 recomendaciones a la SSP, entre estas destacan la recomendación 22/2020, emitida por afectaciones a la libertad e integridad personal cometida por elementos de la dependencia.

Los hechos relatados por un xalapeño refieren que fue detenido ilegalmente el 13 de febrero de 2019 por tres motopatrulleros que lo golpearon y llevaron al cuartel de policía de San José, aparentemente sin fundamento alguno.

Asimismo, la Comisión libró la recomendación 26/2020 al violentar los elementos de la Secretaría los derechos a la intimidad y a la vida privada, así como el derecho a la integridad personal.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2018, en Córdoba, luego de que policías estatales allanaran una vivienda, donde golpearon al propietario, al que robaron teléfonos celulares, una tableta y dinero en efectivo.

De acuerdo con el organismo, la SSP vulneró garantías como la integridad personal, la seguridad jurídica y la no discriminación de diputados de oposición, esto de acuerdo con la recomendación 180/2020.

El 3 de septiembre de 2019, en el marco de la remoción de Jorge Winckler Ortiz como fiscal general del Estado, los diputados del PAN se movilizaron a las afueras de la FGE para tratar de impedir la toma que tras rendir protesta en el Congreso Verónica Hernández Giadáns ingresara a las oficias centrales como encargada; ahí fueron agredidos por elementos policiacos.

El resto de las recomendaciones son la 4/2020, por violar los derechos a la integridad personal y la libertad y seguridad personales; 17/2020 por vulnerar el derecho a la integridad personal; 33/2020 por violación a los derechos a la integridad personal y la libertad y seguridad personales. La 35/2020 por los mismos derechos vulnerados.

La 47/2020, en la que se acreditan vulneraciones a la integridad personal y la libertad y seguridad personales; 55/2020 por violar el derecho humano a la seguridad jurídica. La 57/2020, por el derecho a la salud.

La 73/2020 por un caso de desaparición forzada cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y falta de debida diligencia por parte de la fiscalía general del Estado en la investigación de los hechos.

El organismo emitió la recomendación 79/2020 por violaciones al derecho a la protección de personas discapacitadas; 82/2020 por vulnerar la libertad de expresión; 83/2020 por detención ilegal, afectaciones a la integridad personal y violación a la intimidad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

También la 84/2020 por afectaciones a la libertad e integridad personales; 92/2020 por uso desproporcionado de la fuerza; la 98/2020 por afectaciones a la integridad personal en perjuicio de cuatro menores de edad.

Igualmente, la recomendación 99/2020 cuando los elementos incurrieron en detención, traslado y uso innecesario de la fuerza pública por parte de Policías Estatales contra elementos de la Policía Municipal de Tuxpan.

La recomendación 122/2020 al acreditar que se violaron los derechos a la libertad personal y a la integridad personal; el expediente CEDH/2VG/DAV/0151/2019 dio lugar a la recomendación 124/2020 por afectaciones a la integridad personal.

Además, en la recomendación 132/2020 derivada de las afectaciones a la libertad de expresión, a la intimidad y vida privada; la 143/2020 por actos de tortura y afectaciones a la integridad personal; igualmente 162/2020por detención arbitraria y actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ejecutados por la SSP en contra de una persona.

Así también se emitió la recomendación 166/2020 por la omisión de la SSP de brindar apoyo; la 170/2020 por un caso de desaparición forzada de cuatro personas.

2019, POCOS CAMBIOS

En 2019, la Comisión Estatal acreditó en 17 recomendaciones diversas vulneraciones a los derechos de varias víctimas.

La primera de estas es la recomendación 11/2019, en la que la víctima relata que policías estatales lo intimidaron y golpearon frente a su familia cuando acudió a la escuela por sus menores hijos, sin señalarle de qué era acusado.

Los hechos, que tuvieron lugar en Ixhuatlán del Sureste, incluyeron aparte de elementos estatales también a municipales, quienes según la CEDH obedecían órdenes de un particular no identificado para intimidar a una víctima.

“… uno de ellos recalcaba del cual no tengo su nombre que me iban a llevar a las Choapas y me iban a matar como un perro, que me llevarían a la terracería que ahí tenían un carnicero que él me iba a enseñar modales, que yo era un hijo de mi p(…) madre, que no debía vivir, mientras que me seguían golpeando estando esposado, aclaro reconozco la voz de la persona de quien no tengo su nombre pero sí tengo fotos y videos donde aparece y dejo como pruebas, que si algo le pasa a mi familia y mi persona, hago responsable a los Policías Estatales que aparecen en las fotos y videos, así como a la persona que me señaló”, indica la recomendación.

En otra, la 24/2019 se indica que los elementos de la SSP involucrados fueron custodios del Cereso de Pacho Viejo; no solo ellos, también el subdirector de Seguridad y Custodia del penal. A base de torturas, tratos crueles y otras violaciones a derechos humanos, los elementos pretendían que un interno se responsabilizara del hallazgo de un envoltorio de marihuana al interior de la cárcel.

“El día 02 de enero del año 2019 a las 20:00 horas aproximadamente, el subdirector de Seguridad y Custodia del CE.RE.SO. Zona 1, en compañía de 8 custodios más, agredieron físicamente a V1. El peticionario refiere que la agresión física derivó de que el personal de Seguridad y Custodia había localizado un envoltorio con marihuana en el interior del CE.RE.SO. y pretendían que él asumiera la responsabilidad del ilícito”, señala.

Otro de los mayores escándalos de la SSP en cuanto a violación de derechos humanos fue el que tuvo como protagonistas a ciudadanos norteamericanos, quienes se habían trasladado a Actopan para pasar las fiestas de fin de año con sus familiares y en cambio, pasaron la noche encerrados por los elementos.

En la relatoría, que se soporta con las declaraciones de todas las víctimas se narra cómo los elementos llegaron sin una orden de cateo e ingresaron al domicilio donde se despediría al 2018, aparentemente buscando drogas y armas de la familia Mexicoamericana.

“…fue entonces que a mí un policía me agarra del cabello para levantarme y me llevó hacia dentro de la casa, al cuarto y me dijo que si teníamos drogas o portábamos armas y yo le decía que no, que no teníamos nada de eso, me insistía que donde teníamos las drogas y las armas y como yo seguía diciendo que no teníamos nada me dio una cachetada, entonces me dijo que si no les decía lo que quería saber que nos iban a matar”.

La recomendación 31/2019 hace referencia a hechos cometidos contra una pareja que había comprado materiales de construcción y llevaban dinero en efectivo producto de un préstamo. La policía, sin mediar palabras, los bajó del vehículo y fueron acusados de un presunto secuestro.

“Se meten por el cementerio a unos 100 metros de donde nos detuvieron, se paran pegados a la barda, que venía con el policía que conducía nuestra camioneta, se baja, abre la puerta de atrás de la camioneta y comienza a golpear a mi esposo, le pego con su arma larga en el cuello, también le pego en los brazos, yo les decía que no le pegaran, incluso lo trate de proteger con mi cuerpo, le preguntaban ‘¿dónde está la chamaca cabrón?’ mi esposo les decía que no sabía de qué le hablaban, llegaron dos patrullas más y se bajó uno de los conductores y le puso unas franelas en la cabeza a mi esposo, rodearon de policías a mi esposo y se lo llevaron en una de las patrullas que había llegado”.

Por su parte, en la recomendación 33/2019 se señalan las arbitrariedades contra una persona del sexo masculino que igualmente fue detenido sin motivo aparente.

“Me detuvieron sin motivo, ya que no estaba cometiendo ninguna falta o delito, ya que me dedico a cuidar los autos de los vecinos además de hacerles algún mandado. Sin embargo, en el momento que menciono, llegó una patrulla de la policía y de manera arbitraria, me esposaron, me detuvieron y cual delincuente, me trasladaron al Mando Único, donde me encerraron en una celda”.

En la 35/2019 también se señala a la Fiscalía; a ambas instituciones se les acusa de desaparición forzada y de una investigación deficiente, que fue retomada hasta tres años después.

“El día treinta y uno de junio del año dos mil trece, aproximadamente a las diez de la noche, mi hijo de nombre V1, fue privado de su libertad por elementos de la policía estatal mientras se encontraba en la banqueta que estaba en frente de la casa de [T4] con [T2] y [T3], sin embargo, sólo se lo llevaron a él.

“Posteriormente [T1] me fue a avisar a medianoche lo que había sucedido, y en ese momento empecé a realizar una búsqueda en hospitales, retenes y no lo encontré, esa búsqueda la realicé durante siete días, hasta que [T1] presentó denuncia en la Fiscalía de Huatusco […] por lo que se inició la investigación ministerial […]. [T1] se desentendió al mes de los hechos ocurridos y a partir de ahí empecé a estar pendiente de la investigación yo sola”, acota la víctima.

Detención ilegal, afectaciones a la integridad personal y violación a la intimidad son los derechos que se violentaron a dos mujeres del puerto de Veracruz a quienes se les detuvo sin orden y se les acusó de presunto despojo, según consta en la 39/2019.

“A mi hija y a mí nos empujaron y nos maniataron con esposas doblándonos los brazos hacia atrás de la espalda golpeándonos en distintas partes del cuerpo dejándonos moretones en espalda y brazo en distintas partes del cuerpo abusando totalmente de su autoridad más de 25 elementos de la policía Estatal de Veracruz”, dice la víctima quien además relata el robo de diversas cosas, como un vehículo automotor.

La omisión de cumplimentar medidas de restricción y cautelares e inobservancia del interés superior de niños, niñas y adolescentes por parte de la Secretaría de Seguridad Pública quedó plasmada en la recomendación 44/2019.

En esta se narra como integrantes de “Los 400 Pueblos” llegaron a un domicilio particular a querer despojar a una familia de su vivienda, amenazando a los integrantes y provocando daños psicológicos en un menor, para el que se pidieron medidas cautelares que debía cumplir la SSP pero que fueron ignoradas. La recomendación fue rechazada.

Otra recomendación, que no aceptó la SSP, fue la 46/2019 por desaparición forzada y ejecución extrajudicial de parte de los elementos. Ahí se narran hechos que involucran el hallazgo de fosas clandestinas en el puerto de Veracruz, donde fueron identificadas las víctimas.

En general, la recomendación acreditó que el 30 de noviembre de 2012 siete personas fueron privadas de su libertad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, y su destino y paradero fue ocultado permanentemente.

“Los elementos de la SSP que participaron en la desaparición forzada también son responsables por la ejecución extrajudicial de las víctimas ya que han sido identificados entre los restos humanos encontrados en las fosas localizadas en Colinas de Santa Fe”.

En el expediente CEDH/2VG/DOQ/1112/2018 que dio lugar a la recomendación 52/2019, la CEDH acreditó violaciones a la libertad e integridad personales; en la 57/2019, también se acreditó la violación del derecho a la integridad personal.

En ese año otra recomendación es la 65/2019, donde entre otros derechos, se violentó el de la vida, la seguridad jurídica y el de las personas privadas de su libertad. La 66/2019 tuvo lugar por acreditarse desaparición forzada de parte de los elementos. Las mismas violaciones se acreditaron en la 67/2019.

Finalmente, en 2019, la recomendación 79/2019 se emitió por violar los derechos a la integridad personal y la libertad y seguridad personales de una víctima.