Xalapa. Ver.- Con anuencia del gobierno de la Cuarta Transformación, Francisco José Ruiz Anitúa y Javier Antonio Ruiz Anitúa, ligados al Panama Papers, lograron cuatro contratos marco para la construcción y mantenimiento de ciudades judiciales, por un monto de cinco mil millones de pesos.

Los hermanos crearon al menos cinco empresas para poder convenir y luego subcontratar la edificación de 20 ciudades judiciales, en igual número de distritos en la entidad. Cada mes el Poder Judicial paga 17 millones de pesos por esos contratos.

La exmagistrada Sofía Martínez Huerta ordenó dejar de ministrar el recurso al consorcio, según consta en la denuncia que presentó el abogado Tomás Mundo Arriasa en la Fiscalía General de la República (FGR), en el que se señala intimidación -desde el gobierno del Estado- e irregularidades en la contratación de las empresas, que llevaron a su remoción.

Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial revelan que las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para la edificación de las 20 ciudades judiciales 

El proceso de la entrega de la obra podría pasar desapercibido, sino fuera porque Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, tiene como socios a los mismos empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del Poder Judicial en el periodo de Edel Álvarez Peña, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Los empresarios: Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno son socios de las cinco firmas; algunos de ellos ligados al Panama Papers y a funcionarios de la 4T.

El Poder Judicial tendrá que pagar más de seis mil millones de pesos para la edificación de las ciudades judiciales y la deuda se prolongará por un periodo de 25 años; además, se tendrá que contratar créditos para crear fideicomisos de cobertura y pago por 50 millones de pesos anuales. 


Magistrada critica la falta de transparencia en los contratos 

La magistrada Concepción Flores Saviaga afirmó que desde el año pasado se ha pedido una revisión a los contratos que se asignaron en el periodo de Edel Álvarez Peña, pues los contratos, se presume, son irregulares.

“Fue ilegal porque se hizo sin que estuviera la autorización, y se cerraron los contratos antes de que el Congreso lo aprobara (…) de esos contratos se tiene que revisar la legalidad, y buscar una mediación y no seguir gastando ese tipo de proyectos que rebasan cualquier tipo de proyecto técnico”.

Aseguró que ella solicitó la intervención de Colegios de Arquitectos pues pagar 25 años más de cinco mil millones es una carga que no se puede mantener. 

Este medio de comunicación solicitó una entrevista con la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz, a través del enlace de comunicación social Sergio Naranjo, quien a pesar de que enviaron las preguntas escritas, sin embargo, no hubo respuesta. 


Ciudades judiciales costaron magistratura a Sofía Martínez 

En octubre del 2019 se dio el nombramiento de Sofía Martínez como magistrada del poder judicial, y para diciembre fue votada como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En una de las primeras entrevistas ofreció auditar la asignación y construcción de las ciudades judiciales. Incluso, suspendió el pago de los 17 millones de pesos que se debía entregar cada mes, como parte de los contratos marco.

El abogado Tomas Mundo Arriasa, quien apoyó la defensa jurídica de Sofía Martínez -quien fue inhabilitada y destituida- atribuyó el juicio político en su contra a su negativa de pagar a los empresarios que integraron las APP´s.

En la denuncia, que presentó ante la FGR, el abogado detalla que la expresidenta fue llamada a la oficina del gobernador Cuitláhuac García Jiménez el tres de diciembre del 2019. En la junta en la que participó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, se le pidió no actuar contra la pasada administración, como parte de un acuerdo con Edel Álvarez Peña, su antecesor.

Después de un café entre el segundo a bordo del gabinete de Morena y el extitular del Poder Judicial -el 19 de mayo del 2019- se pidió a la abogada no iniciar una “cacería de brujas” por irregularidades detectadas en la asignación de las 20 ciudades judiciales a los empresarios Ruiz Anitúa.  

“La maestra Mónica Morales Silva, en su carácter de Subdirectora de Recursos Materiales de la Dirección de Administración del Poder Judicial me rinde informe sobre diversas ilegalidades detectadas en la contratación de la Asociación Público-Privada (…) ante dicha situación decidí suspender el pago que oscilaba en 17 millones de pesos”, detalla la querella de la exmagistrada.

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La historia de la contratación de las ciudades judiciales 

Según los decretos 346 y 624 del 16 de octubre del 2017 y el siete de febrero del 2018, el Congreso local autorizó al Poder Judicial la firmas de uno o más contratos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción de 21 ciudades judiciales en igual número de distritos. 

El monto que calculó el Congreso para la realización de esas obras será de cinco mil millones de pesos más IVA lo que incrementaría el monto hasta cinco mil 916 millones de pesos. Además, 50 millones anuales para la creación de los fideicomisos de garantía de pago de cada ciudad judicial, lo que suma más de mil 200 millones en las dos décadas y media.

El dos de marzo de 2018 se lanzaron cuatro licitaciones públicas nacionales que se asignaron a las empresas Desarrolladora CJ I SAPI de CV; Desarrolladora CJ II SAPI de CV; Desarrolladora CJ III SAPI de CV; y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV por montos que van desde mil 213 millones; mil 167 millones; mil 666 y mil 367 millones en mayo del 2018.

En total se contrataron 20 obras por 4 mil 915 millones de pesos para la construcción de las ciudades de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Martínez de la Torre, Perote, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pueblo Viejo, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Medellín, Ozuluama, Álamo, Papantla, Naolinco, Isla y Las Choapas.

 

Las irregularidades en la asignación

En febrero del 2019, E-Consulta documentó algunas irregularidades en los contratos, datos del Registro Nacional de Comercio confirma que las empresas: Desarrolladora CJI, Desarrolladora CJII, Desarrolladora CJIII y Desarrolladora CJ IV., SAPI, SA., de CV se formalizaron el 22 de mayo del 2018 ante Rafael de la Huerta Manjarrez.

Se integraron las empresas: Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

El fallo de las licitaciones públicas nacionales de las ciudades judiciales, con número: P/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, se dio a conocer el 14 de mayo del 2018, ocho días antes de que las empresas registraron la sociedad mercantil.

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Orfis observa irregularidades 

En la cuenta pública 2018 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) observó que el Poder Judicial no concursó las asociaciones bajo los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, y en igualdad de condiciones para todos los participantes.

Por lo que el proceso de adjudicación no se basó en la evaluación de las propuestas, no se garantizó a los participantes que haya presentado la mejor propuesta solvente, incluso, como parte de las observaciones se señaló el aumento en el costo de los proyectos ejecutivos de cada ciudad.

En el proceso de licitación participaron la empresa "La Peninsular, Compañía Constructora S.A. de C. V.", el Consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C. V., Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P./. de C. V., 1ndustrias Comerciales, S.A. de C. V., Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C. V., Desarrolladora de Caminos S.A. de C. V. y Constructora y Promotora Malibrán S.A. de C. V”.

En el dictamen se detalla que la constructora La Peninsular pagó 200 mil pesos por las bases de la licitación en febrero, cuando la licitación se lanzó en marzo. La empresa fue descartada por no tener la solvencia económica para realizar las obras.

Otra irregularidad que observó el Orfis fue que la ejecución de los proyectos se incrementó hasta en un 20 por ciento, en base a los contratos que se firmaron de manera inicial.


¿Cómo serán las ciudades judiciales?

Según el Reporte del Avances que guardan los Proyectos de Asociación Público-Privada del segundo semestre del 2020, entregado en enero de este año al Congreso local, las ciudades judiciales de tipo A serán en Poza Rica, Orizaba y Coatzacoalcos. Esas estructuras serán dos edificios con tres a seis pisos.

De tipo B son Tuxpan, Medellín y Minatitlán en esos casos serán de dos edificios con cuatro niveles cada uno. Del tipo C, un edificio de dos niveles, en los distritos judiciales de Tantoyuca, Naolinco, Perote, Pueblo Viejo, Ozuluama, Álamo, Chicontepec, Huayacocotla, Papantla, Martínez de la Torre, Zongolica, Tierra Blanca, Isla y Las Choapas.

Cada ciudad debe contar con juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general. 

El monto de la construcción de las ciudades va desde 505 millones, 310 millones y 175 millones cada una. Las concesiones estarán vigentes hasta el año 2046 y 2047.

En total se deben pagar 4 mil 915 millones de pesos que se deben cubrir en un periodo de 25 años.