El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) podría renegociar la construcción de las 20 ciudades judiciales con la empresa Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, firma que cobraría seis mil millones de pesos por la edificación de las mismas.

Este martes 27 de julio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz solicitó autorizar los contratos de la Asociación Público-Privada para la construcción de las ciudades judiciales.

A través de la correspondencia se dio entrada al oficio 505/2020, remitido el pasado 15 de julio, “Solicita autorización para la modificación de los contratos de asociación público-privada para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta veinte centros de impartición de justicia del poder judicial”.

La petición se remitió a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia y Hacienda del Estado para ser dictaminado.

Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial revelan que las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para la edificación de las 20 ciudades judiciales

El proceso de la entrega de la obra podría pasar desapercibido, si no fuera porque Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, tiene como socios a los mismos empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del Poder Judicial en el periodo de Edel Álvarez Peña, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Los empresarios: Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno son socios de las cinco firmas; algunos de ellos ligados al Panamá Papers y a funcionarios de la 4T.

El Poder Judicial tendrá que pagar más de seis mil millones de pesos para la edificación de las ciudades judiciales y la deuda se prolongará por un periodo de 25 años; además, se tendrá que contratar créditos para crear fideicomisos de cobertura y pago por 50 millones de pesos anuales.