A sus 34 años, Joana Marlen Bautista Flores es una funcionaria clave en el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV). Es responsable del manejo de una de las peores crisis que atraviesa la institución que, a mediados de este 2021, registraba un déficit de 500 millones de pesos.

La economista es cercana al grupo político de Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado y es excolaboradora de un familiar del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Bautista Flores llegó al Poder Judicial en agosto de 2020 con el cargo de directora general de Administración del Consejo de la Judicatura, cuyas percepciones son por casi 100 mil pesos según dio a conocer una de las magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Actualmente la funcionaria es la responsable de corregir el desbalance financiero que existe en el Poder Judicial, problema que fue dado a conocer por la magistrada presidenta, Isabel Romero Cruz, al pleno del Consejo de la Judicatura.

De dicha reunión celebrada el pasado 2 de julio existe un audio filtrado a medios en el que la titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura menciona que Bautista Flores no pudo acudir a explicar las medidas a implementar debido a que padecía covid-19.

Sin embargo, a partir de entonces, la directora ha sido la responsable de implementar un plan de austeridad y de aplicar descuentos a las percepciones de los magistrados y altos funcionarios que accedieron a recortarse sus ingresos de forma “voluntaria”.

Esta semana se dio a conocer que el Poder Judicial también buscará modificar los contratos de asociación público-privada de las 21 Ciudades Judiciales que están construyéndose desde el 2018, obras que fueron licitadas en el periodo de Edel Álvarez Peña al frente del Tribunal.

Apenas este jueves, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó el Informe Individual del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en donde se exponen irregularidades en el financiamiento de 18 centros de impartición de justicia.

De acuerdo con la información, hubo depósitos en la cuenta bancaria del Fideicomiso Maestro número F/3749 del Banco Invex, S.A., por 85 millones 873 mil 173.92 pesos por concepto de “Derechos de cobro”, de los cuales “se desconoce su origen”.

Posteriormente el Poder Judicial realizó erogaciones por 85 millones 514 mil 709.98 pesos de la cuenta del Fideicomiso Maestro por concepto de “Reembolso de excedentes” de las cuales se desconoce su aplicación.

El órgano fiscalizador advierte que, para efectos de Ley de Asociaciones Público-Privadas, en el caso de realizar alguna modificación a los contratos se debe verificar que dichos instrumentos, así como los correspondientes convenios modificatorios, “no contravengan los términos y condiciones de las bases del concurso ni los señalados en las juntas de aclaraciones.”

La renegociación de estos contratos, en los que cada vez es más evidente el posible desvío de recursos, estará a cargo de Bautista Flores.

 

POLÉMICA DESDE SU LLEGADA AL PODER JUDICIAL

Antes del puesto de administradora, Bautista Flores fue secretaria particular del Subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García. Cuenta con la licenciatura en Economía por la Universidad Veracruzana (UV), es Maestra en Administración Pública y tiene un diplomado en Derecho Electoral y Proceso Electoral por la misma UV.

Su llegada generó polémica debido a que habría violentado diversas disposiciones contenidas en los reglamentos que rigen a la Judicatura, pues incumple el requisito de cinco años de experiencia en la materia para desempeñar el cargo al que fue nombrada.

Es decir, según lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento Interno de la Administración General del Consejo de la Judicatura, los titulares de dichos órganos deberán contar con título y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, relativo a la función que desempeñen, tener experiencia mínima de cinco años en la carrera afín a la actividad a desarrollar, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

De acuerdo con el currículum de Joana Marlen, mismo que es público en las páginas oficiales del gobierno del Estado, de 2015 a 2016, ocupó el puesto de “Jefa” en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

No se indica al respecto el cargo en sí, las funciones que desempeñaba, el área a la que estuvo adscrita y demás datos que permitan conocer su labor.

Se indica igualmente que a partir del año 2010 hasta 2012, laboró en el Tribunal Estatal del Estado de Veracruz, igualmente, sin detallar las actividades que realizaba.

El documento refiere que antes de esos puestos realizó las funciones como Titular Administrativa en el área de Crédito Automotriz Bancomer S.A. de C.V., Zona 03, sede Poza Rica, Ver., durante el período de 2004 a 2006.

Si bien es cierto que ya tuvo desempeño profesional dentro del Poder Judicial del Estado, no hay antecedentes que avalen que tuvo la titularidad de un puesto similar, lo que por ley es exigible.

Ahora bien, si se toma en cuenta el puesto de “jefa” que indica en su hoja laboral, tampoco cumple con la prerrogativa de los reglamentos, que indican que serán cinco años de experiencia previa, no uno como es su caso.

Por cuanto hace al artículo 5 del Reglamento Interior de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, que señala que, para ser titular de la Dirección General de Administración, de las Subdirecciones, así como de los Departamentos y Oficinas, se requiere: II. Contar cuando menos con cinco años de experiencia en la materia (…), lo que la coloca en el mismo supuesto ya descrito.

La economista ha sido acusada también de haber llegado al puesto no solo con falta de méritos para ello, sino también gracias a sus parientes políticos, pues es nuera del magistrado en retiro, Gregorio Valerio, quien aparentemente tiene una estrecha relación de amistad con funcionarios muy cercanos al titular del Ejecutivo.

Como secretaria particular del subsecretario de Finanzas, también tuvo señalamientos respecto a concesiones especiales en cuanto a horarios y recursos humanos, pues aparentemente se le ponían para su custodia personal un guardia y la camioneta al servicio de la correspondencia y necesidades de la oficina.

 

“La amplitud de facultades que ostentaba rebasaban por mucho las establecidas para cualquier secretaria particular, por ejemplo, ella daba instrucciones a los servidores públicos que sí estaban dentro de la estructura orgánica de dicha subsecretaría, entre ellos Jefes de Área y Subdirectores e incluso algunos Directores, que sabían que tenían que pedirle autorización para cualquier movimiento o incluso tener audiencia con el propio Subsecretario, para no enfrentar las consecuencias de quedarse sin resolver algún asunto propio de su oficio”, revelaron algunos empleados de la Secretaría.

 

Otro de los señalamientos recientes contra la directora de Administración provino de la magistrada Concepción Flores Saviaga quien la acusó de haber saqueado al Poder Judicial de Veracruz otorgando contratos irregulares y contratando a personas sin experiencia, pero con sueldos “altísimos”, aparte de los 96 mil pesos que ella cobra de manera mensual por dicho cargo.

La magistrada acusó que a través de Joana Marlen, el gobierno estatal, propiamente el poder ejecutivo, tiene metida las manos en el Judicial, violentando la independencia entre poderes.

 

“La señora Joana Marlene Bautista Flores, directora general de Administración, se dedicó a contratar gente, más de 150 gentes en las áreas administrativas, ninguna en la Jurisdiccional; son empleados con sueldos y compensaciones altísimas; gente sin perfil”, dijo.

 

La Magistrada expuso una lista de 158 empleados de base, contrato y compensación, con montos que van de los 16 mil a los más de 60 mil pesos mensuales, algunos solo con el bachillerato como límite educativo.

 

PLAN DE AUSTERIDAD

El pasado 12 de julio, Joana Marlen Bautista Flores presentó el Plan de Austeridad para Magistrados y directores del Poder Judicial; el plan tuvo el respaldo absoluto de la presidenta del Poder Judicial.

En este se contempla una reducción del 30 por ciento a los sueldos de los magistrados y directores, así como del 50 por ciento del bono trimestral y la eliminación de los bonos especiales.

Igualmente, se establece que las estructuras de personal de cada magistrado, también tendrán una reducción sustancial.

La medida fue tomada luego de evidenciarse, a principios del mes, un audio donde se escucha como en una reunión del Pleno la presidenta del Poder Judicial confiesa que hay un boquete financiero de 500 millones de pesos que imposibilitarían al órgano autónomo llegar a final del año.

En esa reunión se planteó por primera vez la posibilidad de recortarse, de manera voluntaria, los salarios y compensaciones devengadas por los magistrados, quienes inicialmente rechazaron la medida, al señalar que esto solo implicaría un ahorro de 10 millones de pesos.

También se evidenció que el cierre de 29 juzgados mixtos y familiares en Veracruz se debía no solo a que no daban, en apariencia, resultados, sino que tenía que ver más con un tema financiero.

Cerrar los juzgados mencionados implicó para la presidenta del Poder Judicial manifestaciones en contra. Incluso en un caso, en Misantla, debió acudir personalmente a solucionar la toma de instalaciones de la Ciudad Judicial por abogados y justiciables.

Otra de las acciones emprendidas por la Directora de Administración es la modificación de los contratos para las ciudades judiciales, envueltas también en un escándalo de corrupción que ha evidenciado que los costos se elevaron hasta cuatro veces lo planeado.

Aunque la solicitud para la modificación de los contratos en la modalidad de Asociaciones Público-Privada ya fue ingresada al Congreso del Estado, no se precisa si es para ampliar o reducir los plazos de los pagos; diputados locales afirman que en algunos casos los plazos se reducirán y en otros podrían ampliarse hasta 27 años.

Una fuente familiarizada con el tema indicó que por ahora “es muy genérica” la petición, ya que sólo es para que puedan ponerse de acuerdo con los contratistas para modificar los términos de los contratos, pero no precisa los detalles.

 

“En algunos casos incluso podría ser reducir y ajustar los plazos de esos contratos con la autorización que en su momento diera la pasada legislatura -se concedió hasta por 300 meses -25 años-, y en algunos casos los contratos son para que terminen las obras 27 años después de iniciadas- “, reveló la fuente.

 

Cabe reiterar que, de acuerdo al resultado de la auditoría, se detectó en la cuenta bancaria del Fideicomiso Maestro número F/3749 del Banco Invex, S.A. que el Consejo de la Judicatura recibió recursos adicionales a la constitución de Fondos de Reserva de 18 Ciudades Judiciales por 85 millones 873 mil 173.92 pesos por concepto de “derechos de cobro”.

De ese total, 85 millones 514 mil 709.98 de pesos fueron por concepto de “reembolso de excedentes”, de los cuales no presentó evidencia documental que justifique y soporte las erogaciones y no se encuentran registradas contablemente