Jacinto Romero, originario de Ixtaczoquitlán, fue el reportero número 26 asesinado en Veracruz durante los últimos 11 años, y forma parte de la estadística de 100 trabajadores de los medios de comunicación que han sido agredidos entre enero y agosto del 2021.

Veracruz se considera uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo,  y a pesar de ello solo dos periodistas reciben protección personal y cuentan con un custodio, según información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) .

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp) reporta que en la administración de Cuitláhuac García Jiménez al menos 100 comunicadores han sido agredidos, amenazados, intimidados, o se les restringió para realizar su labor.

Los datos, que son públicos, detallan que en enero al menos 15 comunicadores fueron agredidos, de esos dos iniciaron un proceso legal por las amenazas, por lo que recibieron acompañamiento legal de la CEAPP.

Para febrero el número bajó a 13, y de esos siete se presentaron a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado; para marzo, mes con más agresiones, 16 trabajadores fueron intimidados, de esos 12 procedieron legalmente.

 

 

En abril 10 comunicadores reportaron que se les limitó realizar su labor, de esos seis recibieron asesoría legal para proceder; en mayo el número subió a 11 y solo ocho procedieron ante la FGE.

Para junio sumaron 13 reportes de agresión y 11 casos de acompañamiento legal; en julio el número quedó en 10 quejas de trabajadores de los medios de comunicación y ocho denuncias; para agosto, 12 comunicadores fueron agredidos, de esos cinco acudieron ante una instancia legal para denunciar los hechos.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública, reporta que dos periodistas cuentan con elementos de custodia para su seguridad, así lo confirmó Alan Ciprian Canseco, director de Seguridad Pública.

El funcionario respondió a la solicitud de información con folio 01073721 en el que se consultó cuántos elementos fueron asignados como escoltas a periodistas o defensores de derechos humanos.

Aunque se pidió una versión pública de la solicitud, la dependencia estatal se limitó a informar a cuántos comunicadores apoyan.