Este sábado nueve de noviembre se dio la detención del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín, en el periodo de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016)

 

 

Al funcionario duartista se le acusa de los delitos de incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad, y desvío de recursos cometidos al servicio público, según el proceso penal 440/2019, por el que se giró una orden de aprehensión en su contra.

 

También se le vincula al pago de empresas fachada o fantasmas y del desvío de fondos que se descontaban vía nómina al magisterio y la burocracia.

 

La denuncia la presentó el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares luego de que en una relación de acreedores del Gobierno del Estado se incluyó a Roberto Esquivel Hernández, socio de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de la SSP en el periodo de Duarte.

 

Javier Duarte de Ochoa tomó protesta como secretario de Finanzas y Planeación a Antonio Gómez Pelegrín el 17 de marzo del 2015, cargo en el que se desempeñó hasta el 14 de noviembre del 2016.


Llegó como relevó de Mauricio Martín Audirac Murillo; el 14 de noviembre del 2016, se dio la renuncia del funcionario estatal, quien fue sustituido por Clementina Guerrero García, exadministradora de la Universidad Veracruzana (UV) y quien estuvo en el primer año del bienio Yunista.


Al cierre de la administración de Javier Duarte, alcaldes del PAN y PRD tomaron las instalaciones del Palacio de Gobierno, para exigir el pago de sus participaciones que estaban siendo retenidas por la Sefiplan.

 

El entonces Secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín confirmó que la deuda total era de tres mil millones de pesos por diversos fondos federales que no habían pagado.

 

“Se les tiene que pagar en este momento, no tenemos la facilidad para pagar las normalmente; como ustedes saben el gobernador Flavino Ríos ha estado gestionando ante Hacienda y Secretaría de Gobernación para ver esto, efectivamente, hay un adeudo a alcaldes, una deuda histórica que traen”, justificó.

 

El funcionario reconoció que el dinero que se debía transferir a los Ayuntamientos se usó para otros compromisos del Gobierno, con lo que confirmó el desvío de los fondos públicos.

 

Es el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez el que ha tenido que asumir el pago de esos recursos públicos, después de que los municipios iniciaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

En los años 2015 y 2016 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó denuncias por el daño patrimonial de 22 mil 53 millones y siete mil 100 millones de pesos, respectivamente, en el que observaron el gasto sin comprobar de créditos bancarios de parte de la Sefiplan.

Además, hicieron descuentos a la burocracia que no se transfirieron a empresas que les brindaron algún servicio, ni el pago de impuestos; no remitieron los fondos a fideicomisos públicos, entre otros; tomaron dinero de Reserva del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), entre otros.