Al igual que ocurrió en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares, la administración de Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscalía General del Estado (FGE)  han girado órdenes de aprehensión contra exsecretarios de despacho encargados del manejo de los recursos públicos.

Este sábado 9 de octubre se dio la detención del extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín segundo titular de esa dependencia que ingresó al penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, por tráfico de influencia e incumplimiento de un deber legal.

Antes de Antonio Gómez Pelegrín pisó el penal de Pacho Viejo, Mauricio Audirac Murillo, detenido en el vecino estado de Puebla el 29 de marzo del año 2017.

Al también exauditor y excontralor se le acusó por el presunto desvío de recursos públicos. Meses después de estar en la cárcel fue exonerado de la causa penal que le inició el exfiscal Jorge Winckler Ortiz.

Audirac Murillo fue acusado de transferir 220 millones de pesos otorgados por la federación de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) a una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan), donde los recursos se esfumaron.

El 3 de diciembre de 2018 el exfuncionario duartista salió del penal regional de Pacho Viejo, luego de que la medida cautelar de “prisión preventiva oficiosa” fue cambiada para llevar su proceso penal en libertad.

Cuatro meses después, Mauricio Audirac fue exonerado por el juez de Control Francisco Javier Hernández Lima, quien consideró “la no vinculación a proceso” en cumplimiento del amparo 528/2017 que concedió el Juzgado Segundo de Distrito de la Federación.

 

Las cuentas no cuadran, ¿cacería de brujas?

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado al menos 22 denuncias por el mal manejo de más de 60 mil millones de los años 2015 al 2017, incluso, hay más de 40 mil millones sujetos a seguimiento de parte del ente fiscalizador.

Y aunque dos exfuncionarios han sido detenidos por policías ministeriales, en ninguno de los casos se refiere a las más de 20 denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el año 2015 se denunció la desaparición de dos créditos que se ejercieron, pero no se comprobaron por seis mil millones de pesos; se presentó otra querella más por el uso de dos mil millones de pesos de la reserva técnica del IPE; además, otra por seis mil millones de fondos que envió la federación y no se aplicaron en las obras y acciones para los que fueron etiquetados.

Una nueva querella fue por mil 966 millones de pesos de dinero del ramo 033 que no se gastó en tiempo y forma; se retuvieron 874 millones que no se transfirieron al Sistema de Administración Tributaria; y 504 millones que se debieron gastar en áreas metropolitanas.

De igual forma se denunció la retención de otros mil 439 millones que se descontaron a trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pero no se entregaron a las financieras que dieron préstamos a los burócratas.

Para el 2016 se iniciaron querellas por 2 mil 257 millones de dineros de los municipios, a través del FISM que no se entregaron a los alcaldes; mil 249 millones que se entregaron a sefiplan por medio de convenios, no se gastaron en el rubro para el que fueron etiquetados.

Tampoco se justificaron tres créditos por mil millones de pesos; otros mil 895 millones que se pagaron a empresas fachada o fantasma en el área de comunicación social.

A pesar de esos montos millonarios, no hay personas responsables por el manejo de esos recursos públicos.

 

Yunistas aún no pisan Pacho

En el caso de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se presentaron tres denuncias, sin montos precisos, sin embargo, se pidió investigar el manejo de más de 42 mil millones de pesos.

Los funcionarios Clementina Guerrero, primera mujer titular de la Sefiplan en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares también tiene una orden de aprehensión en su contra. Ella llegó en el mes de noviembre de 2016, antes del cierre del gobierno de Duarte.

En el caso de Guillermo Moreno Chazzarini, pasó de la Contraloría General a la Sefiplan del 15 de julio del 2017 al 30 de noviembre del 2018. Los dos funcionarios han tramitado varios amparos con la intención de no ser detenidos.