El reclutamiento de menores de edad por los cárteles del narcotráfico es un fenómeno creciente en México, donde la edad promedio de quienes se incorporan a las filas de la delincuencia organizada es de 12 a 15 años, particularmente por invitación de amigos e incluso por "iniciativa propia".

 

Los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Noroeste y Los Zetas, así como los grupos criminales independientes, son las principales organizaciones que recurren a este método, en el que la coacción es el menos utilizado y no se requiere pertenecer a una pandilla antes de saltar a "las grandes ligas" delincuenciales.

 

Así lo revela el estudio Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada, que la elaboró Reinserta, organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la justicia en el país, el cual revela que los cárteles recurren a un ideario religioso para establecer y fortalecer los lazos con sus nuevos reclutas.

 

Casi todos son desertores de la escuela, en promedio cuentan con nivel de estudios de primaria, provenientes de familias con fuertes niveles de violencia, que además enfrentaron la ausencia de figuras paternas o de guías, pobreza, abandono, abusos y perfiles psicológicos que los hicieron más vulnerables.

 

Saskia Niño de la Rivera, cofundadora de Reinserta, dijo a La Silla Rota que sin duda esta problemática va en ascenso y eso es lo primero que debe reconocer el gobierno para implementar políticas públicas que permitan revertirlo.

 

Comentó que no existe evidencia científica ni de otro tipo que sustente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 3 de octubre aseguró que a los capos ya les cuesta más trabajo reclutar jóvenes, debido a los programas sociales de su administración.

 

Para realizar el estudio que se presenta públicamente este miércoles, Reinserta se basó en datos y testimonios de 67 adolescentes, hombres y mujeres, que fueron miembros activos del crimen organizado y actualmente cumplen con medidas de internamiento, juzgados por delitos de secuestro, homicidio, trata de personas, narcotráfico y portación de arma .

 

"Curiosamente, no hay en México un solo adolescente en conflicto con la ley acusado por delincuencia organizada. México en teoría no tiene este problema, esto es una falacia absoluta", puntualizó.


 

El estudio de la agrupación refiere que no existe una cifra exacta del número de menores de edad que han sido cooptados por la delincuencia, pero se estima que 30 mil han sido incorporados, de acuerdo con datos de 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

 

HALLAZGOS

El reclutamiento se ha dado principalmente en tres zonas del país: norte (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); centro (Estado de México y Guerrero); sur (Oaxaca y Quintana Roo).

 

Entre los hallazgos expuestos en el informe están que la zona norte tiene mayores niveles de violencia y  es la mejor pagada para los reclutas.

 

En las tres regiones se ha detectado que  niños, niñas y adolescentes también fungen como reclutadores de nuevos menores de edad y no existe distribución de actividades en razón de género, edad y tipo de delito; por ejemplo, se incluye el caso de una menor que dijo que "disfrutaba" cuando mataba o mutilaba.

 

El factor cultural indica que la narcocultura tiene efecto en la ideología de los menores, determina modelos a seguir y moldea identidad y personalidad.

 

"Los cárteles hacen uso de las creencias religiosas para establecer y fortalecer los lazos entre las y los nuevos integrantes de la delincuencia organizada, mientras que en las tres zonas se visualiza un sentido de pertenencia a los cárteles, así como la inyección de valores".

 

Otro factor para que los niños, niñas y adolescentes se involucren en el crimen organizado es la relación de admiración y lazos afectivos con figuras de autoridad (capos o jefes) de estos grupos.

 

PROPUESTAS

Entre las propuestas de Reinserta para atacar el fenómeno están un proyecto de asignación de presupuesto que permita crear partidas suficientes para cubrir programas y políticas dirigidas a la protección de derechos de infantes y adolescentes en riesgo de entrar en conflicto con la ley penal.

 

Además de incluir en el Sistema Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes una base de datos de quienes hayan sido reclutados por la delincuencia organizada y un programa de salud mental con detección temprana de padecimientos y atención dirigida a instituciones académicas.