El mismo día que se confirmó que el Congreso del Estado deberá hacer lo necesario para devolver a un exmagistrado su lugar en el Poder Judicial, también se determinó dar sólo el 40 por ciento del dinero que este pidió para acabar este 2021.

No es cosa menor. De los recursos que tanto necesita el poder a cargo de Isabel Inés Cruz Romero se deberán pagar los más de 16 meses de salarios, compensaciones, bonos y demás que la ley establece a Roberto Dorantes Romero, amparado para ocupar nuevamente la magistratura que en mayo de 2020 le fue arrebatada por edad.

Precisamente esto ocurre ahora que el Poder Judicial debe cuidar la manera en la que cada peso sale de sus arcas, sobre todo porque le faltan cerca de 300 millones de pesos para cerrar el actual ejercicio.

Sin embargo, un economista y una magistrada del propio Poder Judicial cuestionan la labor de la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ante este desafío.

El experto en finanzas, Rafael Arias Hernández, afirma que alguien al interior de este poder autónomo tarde o temprano tendrá que “pagar los platos rotos” ante el millonario desbalance que persiste en pleno cierre del año.

Por su parte, la magistrada Concepción Flores Saviaga expone que la propia Romero Cruz admite que “no sabe administrar” y permitió que el Gobierno del Estado “haga y deshaga” con el presupuesto del Poder Judicial.

 

ALGUIEN DEBE DE PAGAR

El experto en economía, Rafael Arias Hernández, advierte dos cosas fundamentales: que tarde o temprano la ley alcanza hasta al que se siente más intocable y que los nombres de los responsables de la quiebra saldrán a la luz.

En entrevista, el economista de la Universidad Veracruzana (UV) considera que es fundamental conocer los motivos por los cuales el Judicial llegó “a estos extremos” pero es más importante conocer quiénes son los responsables de tal quiebra. Es un tema que a su juicio “no puede ser olvidado ni minimizado”.

“El poder público no es obtener solo la representación y gastar y gastar. El problema del poder público es que no se puede gastar lo que no se tiene, por lo tanto, se tiene que desarrollar una estrategia no sólo política, no sólo social, de gasto; se tiene que elaborar una estrategia económica que permita generar la dinámica de la cual van a salir utilidades, salarios, impuestos y finanzas públicas fortalecidas”, señala.

Arias Hernández insiste que las condiciones de operación del Poder Judicial a la luz de los problemas que ha presentado en los últimos meses, es algo que ya no puede aplazarse prevaleciendo la simulación.

Recordó que el Poder Judicial pidió una ampliación de 519 millones 991 mil 348 pesos extras a su presupuesto del actual ejercicio, sin embargo, los diputados únicamente concedieron 200 millones de pesos. Pese a las medidas de austeridad y cierre de juzgados, el déficit en la institución aún ronda los 300 millones de pesos, advierte el experto.

“De repente hay responsables, pero no se sabe quiénes. ¿Ese dinero se va a recuperar o no se va a recuperar?”, cuestiona.

 

¿DÓNDE QUEDÓ EL DINERO?

Sobre este asunto la magistrada visitadora, Concepción Flores Saviaga, argumenta que la ampliación presupuestaria sigue sin responder qué pasó con el presupuesto del Poder Judicial para este 2021.

Expone que en parte el problema comenzó cuando el Poder Ejecutivo ordenó implementar de manera anticipada en Veracruz la Reforma Laboral Federal, pero sin presupuestar el dinero necesario para habilitar juzgados y contratar personal en el Tribunal Superior de Justicia.

Cabe señalar que, a petición del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el Congreso del Estado tuvo que aplazar para el 3 de noviembre el inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral y de los Juzgados Laborales del Poder Judicial, precisamente ante la dificultad que ha significado habilitar los juzgados.

La magistrada subrayó que ella misma expuso este problema al secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco y a Romero Cruz le recomendó que pidiera el recurso que fuese necesario de acuerdo con la Ley y para evitar la quiebra del Poder Judicial.

Igualmente, Flores Saviaga recordó que el Poder Judicial puede aplicar la Reserva de Ejercicios Anteriores (REA) que para este 2021 ascendía a 900 millones de pesos, pero el dinero que no fue exigido por los exmagistrados presidentes del TSJE, Edel Álvarez Peña y Sofía Martínez Huerta, tampoco fue solicitado por Romero Cruz.

La magistrada añade que el 26 de noviembre de 2020, inmediatamente después de tomar protesta, la actual presidenta del Poder Judicial fue “sorprendida” en este tema, pues no le otorgaron dicho fondo que se acumuló de varios subejercicios y tampoco cumplieron con darle el presupuesto necesario para la habilitación de juzgados que se implementó en este año.

“Todo el subejercicio que se traía para sanear los fondos financieros del Fondo Auxiliar de Administración de Justicia que se integró con recursos que produce el Poder Judicial, esos recursos fueron utilizados de mala fe por la administración pasada para sacarlos con contratos que no procedían y que se están investigando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, señala Flores Saviaga.

Considera que este déficit y mal manejo de recursos puede ser imputable al consejero del Consejo de la Judicatura, Humberto Olivero Hernández Reducindo, quien a la fecha prácticamente determina el manejo que se debe hacer del dinero y de los fondos del Poder Judicial.

Por su parte, según Flores Saviaga, el déficit también involucra a la directora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, quien a su parecer mantiene una administración desordenada e irresponsable.

Flores Saviaga explica que de los mil 614 millones 280 mil 299 pesos de presupuesto para el Poder Judicial en 2021, corresponden 425 millones 814 mil 946 pesos al Tribunal Superior de Justicia, siendo recursos que prácticamente “están desaparecidos”.

“En cualquier situación una administración desordenada no sabe en dónde están las fugas que se están teniendo de dinero y no es una administración responsable; yo creo que ni la administradora, ni el Consejo de la Judicatura han sido transparentes (…), hacen lo que a ellos les da la gana porque la presidenta no tiene control de nada”.

 

PRESIDENTA DICE NO TENER RESPONSABILIDAD

Respecto al problema que representa la situación financiera, la presidenta del Poder Judicial afirma que ella no es responsable.

Y con firmeza dice no temer que le pase lo que a su antecesora, Sofía Martínez Huerta, de ser removida del cargo, inhabilitada y denunciada por supuestos malos manejos al interior del poder autónomo.

“Creo que estamos trabajando con total transparencia, con mucho, pero mucho ahínco”, declaró Romero Cruz en entrevista el pasado 28 de septiembre.

Rafael Arias no opina lo mismo:

“Lo que podemos asegurar es que el tiempo pasa rápido y los carniceros de hoy podrán ser las reses de mañana”, augura.

Arias Hernández cuestionó lo que ha ocurrido con los legisladores que en su momento aprobaron proyectos como el de las ciudades judiciales, que actualmente están observados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y sobre los manejos del Tribunal ante la quiebra por 500 millones de pesos.

 

DÉFICIT AFECTA AL PJE 

Y es que este martes el Congreso del Estado autorizó que el Poder Judicial acceda a 200 millones de pesos extras a su presupuesto aprobado para el 2021, para hacer frente con ello a compromisos pendientes.

Ante esto, deberá establecer medidas extras para alcanzar los 519 millones 991 mil 348 pesos que pidió como ampliación al legislativo.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso, la petición del poder judicial se justificó para poder “cumplir las funciones prioritarias jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial”.

Además, se justificó la petición en los compromisos adquiridos con la celebración de contratos de Asociación Público-Privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales, que también incrementaron su costo inicial.

El oficio de solicitud estableció que había insuficiencia presupuestaria para los servicios personales y generales, aunado a que es necesario contar con 33 millones 650 mil pesos para echar a andar los Tribunales Laborales Locales “conforme al convenio de Coordinación para el otorgamiento del Subsidio para la segunda etapa de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral”, que tal y como se mencionó entrará en vigor el próximo mes.

De la petición, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) determinó que solo tenía la capacidad de otorgar 200 millones extras del total solicitado, pues bajo las estimaciones del Gobierno de Veracruz “resulta necesario la continuidad de las políticas que permiten la aplicación de las medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos, en beneficio de las y los veracruzanos”.

Luego de que el Congreso aprobó la ampliación, por parte del Poder Judicial no se emitió ningún pronunciamiento ni medida ante el rescate financiero a medias que aprobaron los diputados locales.