El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la multa de indemnización por daños y perjuicio que se impuso al exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Martín Audirac Murillo, por desviar 944 millones 398 mil 909 pesos, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El exfuncionario del gobierno de Javier Duarte promovió el juicio contencioso administrativo 2445/19-13-01-7/800/21-pl-06-04 contra el director general de responsabilidades a los recursos federales en estados y municipios de la ASF.

 

Sin embargo, los magistrados declararon infundados sus argumentos en su sesión de este miércoles.
Se confirmó que el exsecretario autorizó los dictámenes de suficiencia presupuestal para cubrir las prestaciones sociales y salariales del personal para la educación estatal con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el pago de salarios de maestros por 944 millones 398 mil 909 pesos.


De esta manera, ya que los documentos cuentan con su firma, se determinó que se desvío el dinero de sus fines legales.


AUDIRAC YA HA ELUDIDE MULTAS 


Apenas hace un año, en septiembre de 2020, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) obligó al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz a modificar una resolución dictada contra el extitular de la Secretaría de Finanzas.

 

Se sometió a análisis una indemnización por 2 mil 152 millones 633 mil 812.32 pesos y una sanción por mil 183 millones 948 mil 596.78 pesos por un presunto daño patrimonial.


De acuerdo con el Orfis, el exfuncionario incurrió en dicha conducta al concluir la fase de Responsabilidad y Fincamiento de Indemnización y Sanción, dentro del expediente DRFIS/06/2016 IR/CUENTA CONSOLIDADA/2015.


Sin embargo, la magistrada del TEJAV, Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, de la Cuarta Sala Unitaria, obligó al Órgano de Fiscalización Superior a emitir una nueva resolución, determinando que carece de atribuciones legales para fiscalizar los recursos federales ejercidos por el Estado durante el año 2015.


Posteriormente, la auditora general Delia González Cobos emitió un comunicado señalando que se ampararían contra dicha medida, sin embargo, desde entonces no se ha informado sobre este tema.