El Órgano de Fiscalización Superior ha ido revelando parte de las irregularidades que han representado las ciudades judiciales para las finanzas de Veracruz.


Esta semana que concluye, la auditora general Delia González Cobos sostuvo reuniones de trabajo con organizaciones, en las que detalló que estás fueron caras en exceso para el gobierno, a la par que habrá revisiones a detalle.


Las ciudades judiciales han estado desde su creación, en el ojo del huracán; al momento no hay responsables. Esta es parte de la historia.


VICIADAS DE ORIGEN

Por principio, es necesario recordar que la LXIV Legislatura de Veracruz autorizó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, entonces presidido por Edel Álvarez Peña, la construcción de 17 ciudades judiciales mediante APP’s. 


Si bien se avaló la construcción de 17 ciudades judiciales, el Poder Judicial se autorizó por su cuenta 21 proyectos en total.


CUADRUPLICARON COSTO

Las 21 ciudades Judiciales de Veracruz cuadruplicaron su costo inicial estipulado en los contratos; de 13 millones que debía costar cada una, el monto se disparó a 44 millones de pesos.


De acuerdo con el propio contrato de la Asociación Pública con la Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I, se estipuló que el pago por la edificación de la estructura no podía superar los 13 millones 217 mil 245 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que fue violentado.


EXTREMADAMENTE CAROS

De acuerdo con la titular del Órgano, la construcción de las 21 ciudades judiciales fue “extremadamente caros”, y que además se realizaron sin la supervisión o participación del gobierno, pues durante el tiempo de construcción no puso un peso, aunque debió empezar a pagar una vez realizadas.

 

LEY A MODO

El Órgano encontró que la ley que dio origen a las APPs se realizó para beneficio absoluto de las empresas que llevaran a cabo los proyectos, mismas que en apariencia están cumpliendo.


“Que pena que esto haya ocurrido. La ley estuvo hecha para que se hiciera de esa manera, el costo elevadísimo de ese edificio donde se albergarán los juzgados. Carisísimos”.


CAMBIAR CONTRATOS

Debido a lo anterior, la auditora se manifestó a favor de revisar los contratos y la misma ley para evitar el dispendio que hasta ahora han representado las 21 ciudades judiciales.


En ese sentido, es necesario recordar que también el pasado 27 de julio la propia magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, solicitó al Congreso del Estado su autorización para modificar los contratos de Asociación Público Privada de las ciudades judiciales. 


DESCALIFICACIÓN

González Cobos, informó que la revisión de los contratos comenzará en 2022, pues apenas empezaron a pagarse por parte del gobierno estatal.


“Lo que sí es que la verdad de entrada hay una descalificación para esto que vimos que estaba ahí la cuestión del recurso; yo creo que eso es muy oneroso para el estado, es todo un tema el de las ciudades judiciales”.


ANOMALÍAS ANTERIORES

En su Cuenta Pública de 2019 el órgano también detectó anomalías por 85 millones 514 mil 709.98 en el gasto del fideicomiso maestro de los proyectos. 


DEUDAS CON SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que el Poder Judicial del Estado de Veracruz, está endeudado hasta el 2047 con la construcción de las Ciudades Judiciales.


Al respecto, la Secretaría reveló que los compromisos que adoptó el Judicial, mediante 18 préstamos de poco más de 51 millones de pesos cada uno, son pagados con el "Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales". 


AMLO PIDE INVESTIGAR

El pasado 03 de agosto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe investigar los contratos de Asociación Público Privada para la construcción de las ciudades judiciales considerando que en gobiernos anteriores se caracterizaba por comprometer el presupuesto con la iniciativa privada mediante contratos “leoninos”.


MÁS OBSERVACIONES

La titular del ORFIS confirmó que las ciudades judiciales son todo “un tema” y advirtió que es posible que haya más irregularidades en tanto vayan avanzando las fiscalizaciones.


“Es todo un tema el de las ciudades judiciales; el poder judicial es tema que va a dar mucho todavía”.