Año con año los entes estatales del sector educativo en Veracruz registran desvíos millonarios que ya están siendo denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado en Veracruz (FGE).

Tan sólo por irregularidades detectadas entre 2017 y 2018 se han presentado denuncias aproximadamente por 655 millones de pesos de daño patrimonial, tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Esto ha ocasionado que, en el actual ejercicio de 2021, la Contraloría General del Estado haya promovido cerca de 40 inhabilitaciones y amonestaciones en contra de exdirectivos y administrativos de Tecnológicos en Veracruz; en un caso un exdirectivo suma 4 inhabilitaciones.

Y es que las instancias fiscalizadoras han acreditado diversas irregularidades en los tecnológicos de Cosamaloapan, Pánuco, Perote, Las Choapas, Juan Rodríguez Clara, Zongolica, Tantoyuca y Xalapa.

Esta situación “preocupa” tanto al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, como a la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez.

 

“Estamos trabajando los temas de Tecnológicos (denuncias y desvíos) y vamos a entrar más a fondo”, afirmó la contralora en entrevista sobre este tema.

 

De acuerdo con las denuncias de la ASF, así como las del Orfis, generalmente los fondos desviados corresponden a distintos programas de índole estatal y federal.

En ocasiones los tecnológicos han suscrito distintos contratos para el desarrollo de tecnologías con dependencias federales o estatales, pero sin tener la capacidad para cumplir. Destacan en este rubro el Instituto de Cosamaloapan, el de mayor daño patrimonial y con 3 denuncias ante la FGR por un presunto daño patrimonial de 282 millones 426 mil 992.5 pesos.

De esta manera, distintos convenios suscritos por tecnológicos e instancias gubernamentales terminaron por quedar inconclusos y actualmente los procesos de fiscalización de ambas instancias están derivando en denuncias e inhabilitaciones en contra de directivos y administrativos.

De acuerdo con Santoyo Domínguez, la Contraloría seguirá dando curso a las investigaciones internas y estará a la espera de lo que determinen los procesos penales promovidos por ambas Fiscalías, sin embargo, la funcionaria reconoció que siguen en curso varias indagaciones administrativas.

 

DIRECTIVOS CAEN POR CORRUPCIÓN

Hace un año, a finales de 2020, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Xalapa (ITESX), Fernando “N”, fue detenido por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.

De acuerdo con el reporte de medios de comunicación, durante su gestión se habrían desviado recursos destinados para programas oficiales.

En dicho Tecnológico la Contraloría General del Estado también inhabilitó durante este 2021 al exencargado de la Dirección, Juan Enrique Ramos Ríos; al exsubdirector administrativo, Oscar Jiménez Campos y al exencargado de Recursos Financieros, Juan Carlos Santibáñez, todos por un periodo de 6 meses.

En el caso del Tecnológico de Cosamaloapan, el que fue denunciado por desvíos de 282 millones de pesos, la Contraloría procedió en contra del exdirector general, Ricardo Antonio Mondragón Ramos; del exsubdirector administrativo, Noé López Torres; al igual que del jefe del Departamento de Recursos Financieros, Mario Alberto Hernández García, quienes fueron inhabilitados inicialmente por 7 años.

Sin embargo, Mondragón Ramos y Hernández García recibieron otra inhabilitación por un año, junto con el exjefe del departamento de recursos financieros, Raúl Rosario Fernández y el exsubdirector administrativo, Noé Rodrigo Hernández Hernández. 

También en este 2021, López Torres recibió una nueva inhabilitación por otros 7 años, al igual que Hernández García y el exdirector Mondragón Ramos. Finalmente, todos los extrabajadores mencionados recibieron una nueva inhabilitación por un año; de esta manera el exdirector acumula 4 inhabilitaciones en total.

Respecto al Tecnológico de Zongolica; el exdirector Ricardo Antonio Mondragón Ramos; el exdirector general, Ramiro Sánchez Uranga y el exsubdirector administrativo, Rosendo Enrique Álvarez Lazcano, recibieron inhabilitaciones por 6 meses y una amonestación pública. También el exsubdirector administrativo, Ramiro Herrera Meza.

Personal del Instituto Tecnológico de Tantoyuca también ha sido sancionado por la Contraloría. El exdirector general, Francisco Javier Hernández Luna y el exsubdirector administrativo, Amadeo Bustos Sanmartín, recibieron amonestaciones públicas.

Por su parte, a los directores del Tecnológico de Perote, Alfredo González Gutiérrez y Jesús Martínez Fentanes, la Contraloría les promovió apercibimientos públicos.

Respecto a estas actuaciones, la contralora general reconoció que las irregularidades en los tecnológicos “tienen muchas colas” y que se trata de un problema que se remonta a años atrás, particularmente desde los ejercicios 2016, al final del gobierno de Javier Duarte, así como durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares entre 2017 y 2018.

La funcionaria aclaró que los procedimientos de la Contraloría son independientes de las denuncias que se promovieron ante la FGR y la FGE, mismas que siguen en proceso de investigación; además, confirmó que la dependencia a su cargo tiene abierta más investigaciones en contra de directivos y exdirectivos, apuntando que algunas de estas instituciones educativas incluso están cambiando a su personal.

 

“Tiene muchas gentes y muchas colas; es una situación que viene de años atrás. Sí hay daño patrimonial, sí hay desvíos; las investigaciones están avanzadas y se tendrá que determinar lo que resulte”, sostiene la contralora.

 

SE ACUMULAN DENUNCIAS

Cabe destacar que, de acuerdo con el Orfis, dentro del ámbito educativo uno de los entes con más daño patrimonial es la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) con 242 millones 971 mil 897.62 pesos denunciados.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en cuanto a los Tecnológicos el de Cosamaloapan fue denunciado por la ASF por 282 millones 426 mil 992.55 pesos, acumulando 3 denuncias durante 2021, luego de detectar la subcontratación de empresas para brindar servicios a 9 dependencias federales. Incluso la Auditoría instruyó a la Contraloría estatal para proceder administrativamente.

A nivel estatal, en 2017 el Orfis también denunció desvíos por 3 millones 321 mil pesos en el Tecnológico de Pánuco; por 2 millones 418 mil en Perote; por 6 millones 261 mil pesos en Las Choapas y por un millón 353 mil pesos en Juan Rodríguez Clara.

Por ese ejercicio el órgano fiscalizador veracruzano también denunció desvíos por 19 millones 134 mil pesos en la Universidad Politécnica de Huatusco y por 6 millones 261 mil pesos en la Universidad Tecnológica de Veracruz.

Respecto al ejercicio 2018, el Orfis denunció un daño patrimonial por 22 millones 504 mil pesos en el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, siendo el único ente del sector educativo que es investigado en ese año.

Cabe agregar que a los montos denunciados por 655 millones de pesos entre 2017 y 2018, también se pueden sumar las denuncias presentadas por anomalías detectadas en el año 2015.

Por las revisiones a dicho año el Orfis procedió en contra del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos por un millón 657 mil 220.39 pesos; seguido por el de Las Choapas, por 260 mil 440.18 pesos.

Por su parte, el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza fue denunciado por desvíos equivalentes a 838 mil 935.79 pesos y el Instituto de Tantoyuca por un millón 319 mil 369.21 pesos.

Sin embargo, desde 2017 comenzó a registrarse la mayor cantidad de desvíos detectados en los Tecnológicos del Estado.

A las instituciones mencionadas se suma la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, que fue denunciada ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, por malversaciones perpetradas en 2016 equivalentes a 801 mil 383.47 pesos.

También por malos manejos en ese año la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por 6 millones 261 mil 412.66 pesos de daño patrimonial.