El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) inició su visita de dos semanas a México con el fin de evaluar los esfuerzos del Estado mexicano para atender la grave crisis de desapariciones que atraviesa el país, y que hoy rebasa las 94 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Tuvieron que pasar siete años desde su primera solicitud a las autoridades mexicanas para que la visita del Comité de expertas y expertos independientes, que le fue negada por la administración de Enrique Peña Nieto, se concretara.

“El Estado abdicó de su responsabilidad en la búsqueda de personas, dejando esta tarea a los familiares de las propias víctimas”, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, al recibir al Comité en la Secretaría de Gobernación. La ausencia de mecanismos de búsqueda y coordinación institucional, así como los deficientes registros de personas desaparecidas, agregó, sólo han profundizado la “herida dolorosa” que representan las desapariciones, misma que reconoció como una “crisis humanitaria”.

Del 15 al 26 de noviembre, los miembros de este órgano independiente que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —ratificado por México en 2008—, se reunirán con familiares y colectivos, funcionarios, expertos, representantes de la sociedad civil, periodistas, comisiones de derechos humanos y organismos internacionales. 

Sus integrantes, en su mayoría hispanohablantes, viajarán a 12 estados del país, entre ellos  Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. 

Se trata de una visita histórica, considerando que es la primera que realiza el Comité a un Estado parte de la Convención desde que entró en vigor hace poco más de una década. 

Hasta el día de ayer la cifra de personas desaparecidas era de 85 mil 56 personas que han sido desaparecidas tanto por agentes del Estado como por particulares, así como 9 mil 457 personas que continúan en calidad de no localizadas. El problema de las desapariciones en México se remonta, sin embargo, al año de 1964, al inicio del periodo de contrainsurgencia o de “guerra sucia” que emprendió el Estado en contra de toda disidencia política, pero se convirtió en sistemática y masiva tras el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, a partir de 2006. Corresponden al actual sexenio una tercera parte de las desapariciones y casi la mitad de las personas no localizadas.

La impunidad es lo que predomina en este tema, ya que a la fecha, sólo 35 personas han sido sentenciadas por el delito de desaparición. A la par, el país enfrenta una crisis forense que se refleja en los más de 52 mil cuerpos no identificados en los anfiteatros y en el hallazgo de más de 4 mil fosas clandestinas.

Además, México es el segundo país —sólo después de Iraq— con más “acciones urgentes” en el mundo por desaparición de personas, un mecanismo humanitario que se activa cuando ocurre una desaparición y que consiste en pedir información al Estado, de manera inmediata, para conocer qué se ha hecho en la búsqueda de personas desaparecidas. A México corresponden 424 de las mil 13 emitidas por el CED desde 2012.

Ante este panorama, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos —conformado por 70 colectivos de 22 estados y tres países de Centroamérica— hizo un llamado a las autoridades mexicanas para cooperar “sin restricciones y desde el más alto nivel político de todas las instituciones del Estado que sean requeridas” por el Comité. 

“Llamamos al gobierno a asumir compromisos claros y precisos, y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el CED emita”, dijo en un comunicado que vino acompañado de un informe que da cuenta de la situación que prevalece en México respecto de la desaparición de personas, y que pone especial énfasis en temas como la desaparición de migrantes en el territorio mexicano, el desmantelamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o la participación activa de las víctimas en la formulación de la política pública.

Una visita postergada

México ya había sido evaluado en 2015 por el Comité de manera remota; ejercicio al cual se le dio seguimiento en 2018. 

“La información recibida por el Comité (por las autoridades mexicanas) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, se lee en las observaciones finales de esa primera evaluación, en donde tomaba como referencia el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa para ilustrar “los serios desafíos que enfrenta el Estado parte” en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones y búsqueda de personas.

Sin embargo, fue hasta agosto de 2019 que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a invitar al Comité para realizar una visita a nuestro país, la cual se formalizó dos años más tarde.

Tal había sido la renuencia al escrutinio público en materia de desaparición que, hasta octubre de 2020 —previa aprobación del Senado—, que el Estado mexicano finalmente aceptó la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales, es decir, casos presentados por familiares de personas desaparecidas. Por ejemplo, la organización IDHEAS Litigio Estratégico de Derechos Humanos informó, el pasado 28 de julio, sobre la presentación de la primera denuncia ante el CED en representación de un joven que fue víctima de desaparición forzada.

 

Más que revisar casos, identificar tendencias

De acuerdo con la presidenta del CED, Carmen Rosa Villa-Quintana, el grupo de expertos y expertas no sólo recogerá información relevante sobre las acciones que el gobierno lleva a cabo para investigar y prevenir las desapariciones, o para localizar a las personas desaparecidas, sino que participará tanto en las exhumaciones realizadas por autoridades como por las propias víctimas; esto “para conocer los obstáculos, los avances y aquello que, desde nuestra perspectiva, pueda contribuir a superar esta situación (la desaparición de personas)”.

También visitarán las cárceles federales y estatales para confirmar que, en el marco del artículo 17 y 18 de la Convención Internacional, no existan irregularidades en los registros de detención y que ninguna persona sea privada de la libertad de manera ilegal. 

Aunque el Comité no se pronunciará sobre casos específicos o sobre comunicaciones individuales —que pueden enviarse en cualquier momento, con o sin visita—, sí lo hará de forma general respecto a las experiencias compartidas entre familiares y otros actores interesados y así empujar sus demandas, como la falta de armonización de la Ley General en Materia de Desaparición en algunos estados, o que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza sus facultades de atracción de casos estatales y emblemáticos que siguen sin ser resueltos. 

Es decir, se trata de identificar tendencias estructurales que puedan ser convertidas en recomendaciones —en su informe final—, y que a su vez, estas recomendaciones puedan ser empleadas por las familias para presionar a las autoridades en la dirección que crean conveniente. 

Durante sus dos primeros días de trabajo en México, el Comité ya se reunió con familiares y sobrevivientes de la “guerra sucia”; de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada en Ayotzinapa y de personas migrantes desaparecidas, así como con los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano, órgano independiente que vigila el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición y que con motivo de la visita del CED, presentó un informe que, entre otras cosas, señala que aún existen 12 estados que no han armonizado sus legislaciones locales.

Asimismo y con base en un cuestionario aplicado a personas buscadoras, el Consejo encontró que 55% de las personas que respondieron el formulario se sienten inseguras o muy inseguras cuando salen a campo, que 52% han recibido agresiones y/o amenazas, que hasta un 69% se han sentido vigiladas y que apenas un 36% ha recibido medidas de protección luego de denunciar estos hechos. Esto sin mencionar que al menos 12 personas han sido asesinadas por buscar a sus seres queridos desde diciembre de 2010 a la fecha.

Se tienen previstas reuniones con colectivos de Ciudad de México, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas y Puebla, así como una conferencia de prensa para presentar sus impresiones preliminares sobre lo observado durante su visita. Sin embargo, será hasta el mes de marzo o abril de 2022, que se dé a conocer el informe final con las conclusiones del Comité y las recomendaciones puntuales para el Estado mexicano. 

“El informe no va a ser al final de la visita sino que este informe es presentado al pleno del Comité —integrado por diez personas expertas— en nuestra próxima sesión del mes de marzo y abril”, dijo la presidenta del CED Villa-Quintana. Durante todo ese periodo, entre la conferencia de prensa que cerrará la visita y la presentación del informe final, el Comité seguirá recibiendo comunicaciones por parte de familiares de personas desaparecidas y otros actores interesados.

Del éxito de la misión del Comité, aseguró el subsecretario Alejandro Encinas, dependerá el éxito de las políticas públicas implementadas por esta administración que no ha logrado superar, a tres años de su llegada, la crisis humanitaria que supone la desaparición masiva y sistemática de personas. “Estamos dispuestos a abrir las puertas de todo el gobierno federal para que ustedes puedan cumplir con su cometido”, les dijo a los y las integrantes del CED.

Una esperanza para las familias

María Herrera, de la Red de Enlaces Nacionales —que integra a 160 colectivos de 26 estados—, aseguró el pasado lunes que esta visita representa “una esperanza para las familias”. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, por su parte, señaló que la visita del Comité es “una oportunidad para obtener una visión más amplia (del fenómeno de la desaparición), con las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales”.

El Comité se integra por Carmen Rosa Villa-Quintana, su presidenta; Juan Pablo Albán Alencastro (Ecuador), Sergio Giuiliano (Argentina), Juan José López Ortega (España), Horacio Ravenna (Argentina) y Albane Prophette Pallasco (Francia). “Nuestra interlocución directa con las autoridades, la sociedad civil y las víctimas —aseguró la presidenta del CED a su llegada a México—, nos van a permitir apreciar e identificar formas de contribuir a prevenir y a erradicar la desaparición forzada”.

Durante una reunión previa entre familiares y personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—que acompaña esta visita in situ del Comité—, y que tuvo lugar durante la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas en Morelos, este les explicó que si bien las recomendaciones que se emitirán no serán vinculantes para el Estado mexicano, sí pueden convertirse en herramientas útiles frente a las autoridades.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, les comentaron, tuvo como antecedente las observaciones finales de 2011 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, un cuerpo ad hoc creado en 1980 por Naciones Unidas para el examen y vigilancia del fenómeno. A diferencia del Grupo de Trabajo, el Comité vigila expresamente que se cumpla la Convención Internacional, que considera a la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad; en tanto que enlista las obligaciones de los Estados para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones, así como para garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho a la verdad, a la reparación y a ser buscadas y localizadas.

Por otro lado, el informe final de la misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de 2017, abrió la puerta para considerar a quienes integran las brigadas de búsqueda y colectivos de familiares como defensores de derechos humanos. Este otro antecedente ayudó a negociar las condiciones de seguridad de la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas, que tuvo lugar en el estado de Morelos.

En 2018, con motivo de su informe de seguimiento remoto, el CED dejó constancia de la falta de datos confiables en materia de desaparición —considerando que existe una cifra negra que no se reporta—, del reducido número de sentencias condenatorias, del alto número de cuerpos sin identificar y de las fosas clandestinas en el país que, desde entonces, no dejaban de aparecer. 

Entre algunas de las recomendaciones que el Comité ha emitido en estos años se encuentran: tener un plan de implementación de la totalidad de la Ley General en materia de Desaparición; la puesta en marcha de los registros que contempla esta ley, como el Banco Nacional de Datos Forenses, responsabilidad ignorada por la Fiscalía General de la República; la generación de condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos que han sido encontrados puedan ser identificados y entregados a sus familias; y que se garantice la protección de las familias que, ante la inacción del Estado, llevan a cabo sus propias búsquedas.

Se espera que algo similar suceda tras escuchar las demandas, en el terreno, de cientos de familiares —víctimas de las desapariciones del presente y del pasado reciente—, en estas próximas dos semanas.

 

Con información de: Marcos Nucamendi / Pie de Página