El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, respondió a las críticas del senador de Morena, Ricardo Monreal, quien el pasado 20 de noviembre acusó a jueces de la entidad por enviar a prisión a personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad; hecho que calificó como violatorio de los derechos humanos.

 

“En el caso de Veracruz, a últimas fechas, resulta extraño que un nuevo delito esté de moda y que tiene que ver con los ultrajes a la autoridad; últimamente se han integrado carpetas de investigación a través de las cuales se han privado de la libertad a ciudadanos”, dijo el morenista.

 

En un video difundido en redes, Monreal expuso el caso de seis jóvenes detenidos en una plaza pública que cumplen tres meses detenidos por ultrajes. Dijo, sin oponer resistencia, “fueron acusados de que habían agredido con cuchillos a unos policías. Lo que resulta totalmente falso”. Además, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD).

Al respecto, Cuitláhuac García respondió, en Veracruz no hay violación que les preocupe. “Aquí se cumple la ley, actuamos apegados a derecho. El Poder Judicial, encabezado por la magistrada Isabel, ha hecho muy bien las cosas y da lugar a que los presuntos responsables acudan a sus recursos para apelar”, sostuvo en entrevista.

Asimismo, citó como ejemplo el caso del diputado electo por Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, alias “El Gato”, quien fue detenido en Veracruz el pasado cuatro de noviembre, y que hoy durante la conferencia mañanera fue destacado como un caso de coordinación entre los gobiernos de Veracruz y Oaxaca.

 

“Él tendrá su opinión y sin ningún problema. Fue un exhorto al poder judicial, pero yo respaldo totalmente la actuación de la magistrada presidenta. Este no es un caso como en el pasado donde se violaban los derechos, sobre todo el de las víctimas”, agregó García Jiménez.

 

 

El 11 de marzo de 2021 cobró vigencia la reforma al Código Penal de Veracruz, que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, por el que se puede sancionar a un ciudadano con penas que van de cinco a siete años.

Si bien el delito de ultrajes ya era vigente, se varió la medida cautelar a prisión preventiva oficiosa para quien amenace o agreda a un servidor público -policías estatales, municipales y ministeriales, en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo mismo que algunos diputados locales, justificaron los cambios a la ley con el argumento que se buscaba garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.

“Yo estuve en protestas pacíficas, sin violentar, aunque sí hubo represión, nosotros nunca hemos reprimido; lo que hicimos (con la reforma) fue para evitar que los agresores de la ley se salieran por la tangente”, comentó en conferencia de prensa.