“Adriana” -no es su nombre real- acudió a un hospital en el puerto de Veracruz a practicarse una interrupción legal del embarazo, tal y como lo permite la Ley con la reciente reforma al Código Penal del estado de Veracruz. Desde julio de este año en la entidad se permite acceder a dicho beneficio hasta las 12 semanas de gestación.

Por Ley, las instituciones médicas de todo el estado deben practicar los abortos, pero Adriana se topó con un número importante de obstáculos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); estas trabas también se replican en las instituciones médicas a cargo del Gobierno estatal.

 

 

En el hospital a la paciente le planearon realizarse un legrado, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no los recomienda, aconsejando, en cambio, la aspiración por vacío o los regímenes de aborto con medicamentos. Esta y otras dificultades todavía siguen sin superarse en las instituciones medidas federales y estatales en Veracruz, lamentan activistas.

Hasta ahora, las organizaciones acompañantes advierten que no hay claridad sobre la cifra exacta de abortos legales que se han practicado en el Estado, pues si bien el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, expuso durante su comparecencia en el Congreso local que se han realizado 20 de diciembre 2020 a la fecha, dicha cifra se considera “muy baja”.

Feministas agregan que además de la falta de registros y estadísticas confiables todavía no hay la capacitación necesaria y adecuada para llevar a cabo los procesos de forma segura, desmintiendo lo que ha asegurado la Secretaría de Salud estatal. Lo más grave es que sigue la insensibilidad y revictimización hacia las mujeres.

 

ABORTO LEGAL TORMENTOSO

A pesar de que el beneficiario de la seguridad social era su esposo, Adriana acudió ante la instancia de salud para solicitar el servicio, aunque no es originaria del puerto de Veracruz; ambas circunstancias los trabajadores de la Salud se las hicieron ver de manera inmediata para que buscara los servicios en otra institución.

“Queriendo o no” la ingresaron, pero la mantuvieron por tres días en tococirugía, realizándole análisis y demás protocolos aplicables a las mujeres gestantes.

Las organizaciones consideran que derivado de las semanas que Adriana tenía de embarazo, su protocolo bien pudo haberse llevado a cabo solo con medicamentos bajo supervisión, sin necesidad de mayor trámite ni de permanecer por más tiempo del debido en el nosocomio.

 

 

Al final, y tras hablarle de los diversos métodos para la interrupción del embarazo, entre ellas el legrado, los médicos accedieron a darle misoprostol, aunque ya habían pasado algunos días desde su ingreso.

“Fue un proceso que pudo haber sido muy corto, porque el proceso de aborto con medicamentos se puede llevar desde casa y se puede concluir en un día. Para aquellas que somos acompañantes de abortos, sabemos que es un proceso muy sencillo, de muy poca duración, de fácil supervisión médica.

“Ella pudo haber regresado solamente al ultrasonido, sin embargo, se tuvo que quedar ahí”, criticó Katia Esteva Cruz, integrante de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C.

Otra de las dificultades con las que Adriana se enfrentó, fue que los médicos por fuerza querían que una persona estuviera con ella, sin embargo, al ser su esposo el único familiar que vive con ella no podía estar en el área donde fue asignada, por el hecho de ser hombre.

Es decir, de no haber sido porque buscó el acompañamiento de organizaciones feministas, Adriana habría pasado el proceso sola.

 

“¿Cuántos casos hay así en donde mujeres no tienen la posibilidad de contactar a organizaciones de la sociedad civil que tienen este conocimiento sobre abortos para que les hagan el acompañamiento? ¿Cuántas van solas? ¿Cuántas vienen de otros municipios para querer acceder y no pueden?”, cuestionó la activista.

 

PROGRAMA EN CIERNES

El 12 de noviembre de este año, se publicó en la Gaceta del Estado el Programa Estatal de Aborto Seguro, en el que se establece el protocolo a seguir en todos los casos donde una mujer recurra a la interrupción del embarazo, ya sea por mera decisión o por haber sido víctima de violación.

En el documento, se indica claramente que es obligación de la Secretaría de Salud garantizar que en todas las regiones del estado se cuente con centros de salud en que se provean los servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para la ILE.

Se señala que, en caso de no contar con los mismos, se asegure la canalización de la mujer a aquellos en los que se presta el servicio; en los cuales deberá contar con personal de salud no objetor de conciencia, capacitado en los métodos de aborto seguro, tanto médicos como quirúrgicos.

La práctica del aborto conlleva, según el programa, un efectivo control de constitucionalidad y convencionalidad, a través de la aplicación de los principios de interpretación conforme y pro-persona, en los casos relacionados con el delito de aborto, y se debe garantizar la reparación integral del daño para las víctimas de violaciones a derechos humanos por la falta de acceso al aborto legal.

 

 

Igualmente, la autoridad sanitaria deberá brindar a la mujer información precisa, científica y objetiva del procedimiento; esta deberá llenar un formato de solicitud y consentimiento.

Si bien se indica que la técnica para la realización de la interrupción será la que el médico o sanitario elija, dependiendo de factores como la salud en general, la preferencia de la mujer, el tiempo de gestación entre otros; la propia SS indica que el método más seguro es el aborto con medicamentos.

En ese sentido, recomienda el tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol, al que califica como el más seguro en el primer trimestre, esto a reserva de que se indique un tratamiento quirúrgico dependiendo del caso.

Para la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento, hay verdaderos contrastes entre la Ley, su aprobación y lo que está ocurriendo en Veracruz con los abortos, a seis meses de su implementación.

En entrevista, Esteva Cruz sostiene que acompañan casos de mujeres que acuden a la Secretaría de Salud para hacer valer su derecho a la interrupción legal y no tienen una adecuada aplicación del protocolo para que el proceso sea “más sensible, amigable y sin tanta dilación”.

 

“Hemos documentado algunos casos donde mujeres que han asistido sí han tenido revictimización por parte de prestadores de salud, dilación en la atención; las han tenido que internar y están bajo interrogatorio. El proceso ha sido desgastante”, revela Katia Esteva Cruz.

 

La activista critica que la capacitación ha sido poca, aunado a que el protocolo de interrupción solo ha sido pensado para el sector de salud pública de Veracruz, no así para instituciones como el IMSS, el ISSSTE o alguna otra prestadora de servicios médicos, que también están obligadas por ley a permitir los abortos.

 

“Debido a que solo salió este programa para SESVER, las otras tienen el faltante de una instrucción, un protocolo, los pasos a seguir, la capacitación, etcétera”, dijo.

 

Agregó que, con todo esto, las mujeres no están accediendo a una interrupción del embarazo por derecho propio.

“Hay una realidad muy distinta en una cosa que es aplicar la ley y otra cosa es que las mujeres acudan a las clínicas y hospitales y realmente estén accediendo a abortos seguros. Hace muchísima falta estas capacitaciones que el secretario está diciendo que ya implementó”, dijo.

Si bien es cierto que el protocolo señala la obligatoriedad de registrar los abortos médicos llevados a cabo por tipo de causal legal, las organizaciones no tienen claro cómo se va a implementar el banco de datos donde se pueda consultar de manera fiable cuántas mujeres han accedido al servicio, si el aborto fue por medicamentos, por aspiraciones intrauterinas y todo lo relativo a los casos.

 

 

Precisamente en la falta de capacitación a los sanitarios, la doctora María Martínez López, Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar A.C. (MEXFAM), dijo que el desconocimiento del programa debe ser combatido de manera inmediata “para que cumpla con el programa y con la Ley”.

El protocolo indica que las mujeres que buscan interrumpir su embarazado deben ser atendidas en espacios donde no haya objetores de conciencia, pero los casos siguen acumulándose. En ese sentido, Martínez López llamó a denunciar si no se otorga el servicio.

Por otro lado, recordó que el mismo programa debe tener ya contemplado el presupuesto para su operación a partir de 2022, y enfatizó en la importancia de trabajar de la mano con la sociedad.

“El hecho de que exista un programa y una ley que ya esté aprobada, también hay que incidir hacia afuera, en las comunidades para que la gente sepa también cómo solicitar el acceso a ese derecho.

“Esto también le toca parte a la sociedad civil. Los mismos programas de la Secretaría, como su campaña de sensibilización, de comunicación hacia la población, también tienen la responsabilidad de hacer saber cómo puede acceder a este derecho”.