Los abusos de fiscales y policías con el delito de ultrajes a la autoridad derivarán en la primera denuncia contra elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que hicieron mal uso de este tipo penal reformado en marzo de 2021 por el Congreso local.


Después de que este jueves 12 de enero la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, aceptó dar “total cumplimiento” de la recomendación 146/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dicha postura implica denunciar al menos a 2 fiscales y 7 elementos policiales.


De acuerdo con la CNDH, los policías relacionados con el caso injustamente detuvieron a 6 jóvenes en Xalapa el 3 de septiembre de 2021 y los señalaron de haberlos agredido con cuchillos para posteriormente ponerlos a disposición del ministerio público, aunque el oficio que los efectivos presentaron tenía diversas irregularidades.


Posteriormente, pese a que estaba al tanto de las anomalías de la detención, 2 fiscales presentaron a los detenidos ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Andrés García Velasco, consiguiendo que dentro del proceso penal 270/2021 su detención fuese declarada legal y que posteriormente los jóvenes fuesen vinculados a proceso el 11 de septiembre.


Los funcionarios que serán denunciados por la propia Fiscalía son la fiscal décima tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Virginia Carrera Cumplido y la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Susana Wong Palmeros.


Además, respecto a los policías, procedería en contra de los elementos Luis Fernando Hernández Solís, Esteban Daniel Tiel Rivas, Rocío Nava Hernández, Filiberto García Reyes, César Eduardo García Morales, Lizbeth Solano Santiago y Jesús Carlos Flores Rivera, quienes perpetraron la detención irregular de las 6 víctimas según la CNDH.


Queda pendiente por aclarar si la Fiscalía procederá penalmente contra el apoderado legal de la SSP, Felipe Antonio Ramón González y si el caso generaría responsabilidad penal para el juez Andrés García Velasco, cuya actuación tuvo que ser corregida por el titular del juzgado segundo de distrito federal, ordenándole la reposición de la audiencia de vinculación.


Al otorgar un aparo, el fallo de la autoridad federal permitió que los jóvenes, recuperasen su libertad el 18 de diciembre de 2021, sin embargo, una vez que se determinó como legal su detención en la audiencia inicial las víctimas todavía están a la espera de que se determine si nuevamente son vinculados por presuntamente agredir a los policías con cuchillos sin que existan pruebas de tal hecho.


¿QUÉ EXHORTÓ LA CNDH A LA FISCALÍA?

De acuerdo con la CNDH los funcionarios de la SSP y de la Fiscalía violentaron los derechos humanos de los detenidos acusándolos falsamente del delito de ultrajes a la autoridad.

“(…) al no existir una valoración objetiva de las evidencias expuestas en la presente resolución, contenidas en el Proceso Penal 1, a pesar de las pruebas concretas, reiteradas, ratificadas y contundentes que demuestran, más allá de cualquier duda, que el oficio de puesta a disposición de los elementos de la SSPV se apartó de la verdad; lo cual, además, resulta en una flagrante imputación indebida de hechos; no obstante, AR8 y AR9 (los fiscales Carrera Cumplido y Wong Palmeros) desde la audiencia del 11 de septiembre de 2021, mantuvieron la misma actitud contraria a la normatividad arriba expuesta y, en consecuencia, continuaron violentando los derechos humanos de V1, V2, V3, V4, V5 y V6 (las víctimas)”.


Si no aceptaba la recomendación, de acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Verónica Hernández Giadáns podría ser citada a comparecer por el Senado y, de persistir en su negativa, podría ser denunciada por la CNDH.


La Fiscalía también deberá de trabajar en coordinación con el gobernador, Cuitláhuac García y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, para que procedan a la reparación del daño de las 6 víctimas “a través de una compensación justa y suficiente”, además de inscribirlas en el registro estatal en la materia.


Igualmente, en coordinación con el mandatario estatal y la CEEAIV, la Fiscalía deberá otorgar la atención médica y psicológica que requieran los jóvenes, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado, atendiendo a sus edades y necesidades específicas, y proveerles de los medicamentos convenientes a su situación. 

“La atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y accesible; hecho lo anterior se envíen a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento”.


Finalmente, la Fiscalía deberá diseñar e impartir dentro del plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación, un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, en la vertiente de acceso a la justicia, dirigido a los 2 fiscales y el resto de personal que hayan participado en los hechos.


Consultado al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa señaló que según la recomendación la Fiscalía también debe colaborar en las quejas que la CNDH presente en contra de sus 2 funcionarios ante el Órgano Interno de Control, tal y como lo marca el dictamen del organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra.


“Estos policías deben de ser sancionados administrativa y penalmente; en caso contrario solamente sería una simulación el aceptar la recomendación”, indicó el abogado, quien recordó que por su parte la CNDH requirió al gobernador, Cuitláhuac García, iniciar el proceso legislativo para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.


Derogar significa quitar del Código Penal, no hacer enmiendas, no hacer parcialidades porque es obvio que el delito es inconstitucional”, refirió Tomás Mundo Arriasa.


IRREGULARIDADES EN DETENCIÓN 

Este medio documentó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que acusaron a seis jóvenes de ultrajes a la autoridad en septiembre pasado incurrieron en diversas irregularidades e inclusive “perdieron” a la persona que aparentemente había sido amagada por los acusados que terminaron libres gracias al amparo del juzgado segundo de distrito.


Los efectivos reportaron que al hacer un patrullaje por la plaza el Tejar, sobre avenida 20 de Noviembre, notaron que personas desconocidas -los jóvenes que detuvieron- llevaban a un hombre amagado y con la cabeza abajo, quien les pidió auxilio e intervinieron en los eventos.


Sin embargo, durante el desarrollo de las audiencias de imputación y vinculación, los elementos policiacos aceptaron que la persona que aparentemente pidió ayuda se les perdió y en un momento dado no supieron ni siquiera a dónde se fue, faltando a lo establecido en la Ley.


Igualmente, se exhibió que el juez de control determinó dejar sin valor una pericial a los cuchillos que supuestamente portaban los jóvenes y donde no se hallaron huellas dactilares: para el juez, un cuchillo se puede manipular solo con la palma de la mano, sin necesidad de los dedos.


Además, de acuerdo con los defensores, los elementos habrían robado un reloj Rolex de uno de los detenidos, así como dinero en efectivo. El amparo concedido a los jóvenes detalla estas y más irregularidades.


De acuerdo con el testimonio de los elementos, los jóvenes no solo llevaban amagada a una persona, sino que en apariencia, los jóvenes pretendieron secuestrarlo enfrente de los propios elementos.


La acusación no quedó ahí. Los policías dijeron que, al intentar tomar el control de la situación, un joven de nombre Brian Alberto “N”, sacó de entre sus ropas un cuchillo con mango de madera y dijo “si se acercan le damos en la madre a este pendejo”, refiriéndose presuntamente a la persona amagada.


Los policías dijeron que otros dos jóvenes, Luis Francisco “N” y Juvencio “N”, también llevaban armas punzocortantes “adoptando una posición para enfrentar a los policías”, y que al final ambos lograron ser neutralizados.


Finalmente, los otros dos jóvenes Lorenzo “N” y José Leonardo “N” empezaron a acercarse a los policías Luis Fernando Hernández Solís y Lizbeth Solano Santiago, sacando de entre sus ropas armas blancas, por lo que los policías gritaron “cuidado”.


El argumento de los policías se complementa con una supuesta amenaza generalizada: “no escucharon que se vayan a la verga ahorita me voy a quebrar a este cabrón y a ustedes también me los voy a chingar”.


Para finalizar y aprovechando que la persona amagada se puso a forcejear contra uno de los jóvenes, los policías afirmaron que se desató un enfrentamiento de todos los policías con todos los acusados, logrando los elementos despojarlos a todos, neutralizarlos y detenerlos.