El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó una serie de irregularidades en el proceso de Entrega-Recepción de los alcaldes que concluyeron su administración el 31 de diciembre, con aquellos que entraron en funciones el 1 de enero para el periodo 2021-2025.

El ente fiscalizador capacitó a las partes involucradas y les dieron un manual de las acciones que debían implementar, sin embargo, faltó moral y voluntad política para cumplir con el proceso, afirmó la Auditora General del Estado, Delia González Cobos.

En su comparecencia ante diputados locales escuchó las quejas de los representantes populares, observaron que en sus distritos se dieron casos en donde los exalcaldes dejaron palacios municipales vacíos, obras fantasmas, documentación falsa y facturas de tiendas departamentales millonarias.

La queja la presentaron diputados de todas las fracciones parlamentarias que, alertaron, algunos despachos contables se han acercado a las nuevas autoridades para ofrecerles “espejitos de oro” al asegurar que ellos les apoyarán para solventar las irregularidades administrativas en la revisión financiera.

 

“En el caso de los dictámenes que pueden elaborarse en la recepción, las autoridades entrantes que están recibiendo, van a elaborar el dictamen que será revisado por el Órgano de Fiscalización, y de ahí vamos a tomar muestras contundentes para la fiscalización”

 

Refirió que los exalcaldes no pueden argumentar desconocimiento de la Ley, pues se les impartieron cursos y capacitación para hacer el proceso de Entrega- Recepción.

Dijo que incluso se les entregó una guía con lineamientos y “lo que hemos estado percibiendo es que la capacitación la tenían, lo que no hubo fue voluntad, o una conducta moral en las irregularidades que se cometieron”, argumentó.

Por lo anterior, pidió al Congreso local dar más autonomía a las contralorías municipales para que puedan vigilar a los alcaldes, sin la presión que son ellos quienes los contrataron y les pagan.

Propuso retomar la iniciativa en la que los contralores son propuestos mediante una terna por el alcalde en turno, y son ratificados por la mayoría en el Congreso, “Veracruz no puede estar sujeto a ese tipo de irregularidades (en la Entrega-Recepción), tapemos esos riesgos para que nunca más puedan ocurrir”.

También, reiteró, están pendientes las denuncias por la falsificación de documentos apócrifos que exalcaldes usaron para tratar de solventar observaciones que hizo el Órgano de Fiscalización en las cuentas públicas 2019 y 2020.

Una vez que detectan dicho documento, que no consta en expedientes oficiales, acuden ante el Sistema de Administración Tributaria para que “nos diga que no es auténtico”, para luego acudir ante la Fiscalía para presentar una denuncia.

Al referirse al subejercicio de la administración estatal, refirió que a menos que se logre comprobar que el subejercicio de alguna secretaría se hizo con dolo, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) poco puede hacer para sancionar el retraso en la aplicación del presupuesto público.

Finalmente, comentó que, a lo largo de 15 años, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó un total de 205 denuncias por el daño patrimonial; el monto de lo desviado en administraciones priistas, panista, y de Morena asciende a 33 mil 484 millones 992 mil 241 pesos.