El coordinador de los diputados de Morena, con mayoría en el Congreso de Veracruz, busca reestructurar el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) por no cumplir con la expectativas de este órgano en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 

La iniciativa presentada por el líder del partido guinda, Juan Javier Gómez Cazarín, propone duplicar el número de magistrados del TEJAV, al pasar de cuatro a ocho

Para realizar estos cambios propuso una iniciativa de reforma a la Constitución Política del estado y agrega que como parte de los cambios pretenden trasladar salas al norte y sur de la entidad veracruzana

El morenista señaló que de acuerdo con el informe de labores del TEJAV en 2021 ingresaron mil 323 demandas de primera instancia y emitieron 712 sentencias, arrojando un porcentaje del 53.81 por ciento, respecto del 100 por ciento de los ingresos y las sentencias emitidas en dicho año.

“En el informe de labores para el año 2020, se tiene el registro de ingreso de 943 demandas de primera instancia, emitiendo solamente 620 sentencias, dando como resultado un 65 por ciento, respecto del 100 por ciento de los ingresos y las sentencias emitidas en dicho año”.

Dijo que los datos “evidencian el bajo porcentaje respecto de los ingresos y las sentencias que tiene el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz en comparación con los de otras entidades”.

Señaló que la media oscila entre el 70 por ciento y el 100 por ciento, dijo el legislador, pero Veracruz durante los últimos dos años no alcanza el 70 por ciento.

Gómez Cazarin busca que el TEJAV tenga una presidencia, conformada por un magistrado, así como una Sala Superior conformada por 3 magistrados que incluya una ponencia Especializada en Responsabilidad Administrativa y la creación de 4 Salas Unitarias, de las cuales 3 resulten ser ordinarias y una se especialice en Responsabilidad Administrativa.

Actualmente, el Tribunal se integra por cuatro magistrados que forman un pleno, la sala superior que funciona de modo dinámico, integrada por tres de los cuatro magistrados y por último cuatro salas ordinarias unitarias; es decir, los magistrados hacen las funciones en la sala superior y en las salas ordinarias.

Gómez Cazarín agrega a su propuesta que se aplique el retiro forzoso a los magistrados que cumplan 70 años y que sigan siendo nombrados por el Congreso a propuesta del Gobernador, durando en su encargo diez años improrrogables.

Como requisito para ocupar el cargo de magistrado en el TEJAV, se propone que los aspirantes no tengan más de 65 años al día de su designación, tampoco podrán ser magistrados de ese Tribunal las personas que hayan ocupado el cargo de secretario de despacho o su equivalente, fiscal general, senador, diputado local o federal ni presidente municipal, durante el año previo al día de su nombramiento y en ningún caso podrá dispensarse el cumplimiento de alguno de los requisitos referidos.

“(…) se considera que, a fin de consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción, corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos, así como desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel estatal y mantener un esfuerzo continuo y sistemático para lograr una política anticorrupción efectiva y eficiente que permita agilizar el servicio de impartición de justicia en beneficio y bienestar de la sociedad veracruzana, siendo ésta una de las mayores exigencias de la misma, es improrrogable la necesidad de fortalecer al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa”, señala la iniciativa. 

Por su parte, el diputado de Fuerza por México, Juan Enrique Santos, propuso una reforma a la Constitución para reestructurar al TEJAV que buscar readscribir al TEJAV al Tribunal en el Poder Judicial del Estado, aunque manteniendo su “jurisdicción y autonomía e independencia para dictar sus fallos”.

Dentro de la misma iniciativa, se plantea que, a pesar de encontrarse adscrito al Poder Judicial, bajo el mismo esquema de otros Tribunales, se crearía una presidencia que ocuparía un magistrado; además, se crearía la Sala Superior conformada por tres magistrados, cada uno adscrito a una ponencia, de las cuales, una se especialice en responsabilidad administrativa, así como cuatro salas unitarias en la que una de ellas, se especialice en responsabilidad administrativa.

 


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